El PNV se ratifica en las bases soberanistas acordadas con EH Bildu

El encargo ha contado con el voto a favor de los jeltzales, la izquierda abertzale y Elkarrekin Podemos, la abstención del PSE y el rechazo del PP. Los socialistas creen que el PNV ha «perdido una oportunidad» para ensanchar los consensos como ha venido reclamando el lehendakari y buena parte de la cúpula jeltzale. Sabin Etxea ha dicho estar «sorprendida y decepcionada» por la actitud de sus socios de Gobierno, incluso después de haber accedido a que los votos particulares puedan incoporarse al borrador. «Nosotros nos hemos mojado y nos hemos movido», han subrayado fuentes del PNV, «pero ellos no».

Había una cierta expectación sobre el encargo que los grupos serían capaces de consensuar hoy en la ponencia, sobre todo porque en las últimas semanas no han sido pocas las voces en el PNV que, con el lehendakari a la cabeza, han insistido en la necesidad de «ensanchar» los consensos y hacerlos mas transversales para que, de ese modo, las bases y principios acordados con EH Bildu, que recogen entre otras cosas la institucionalización del derecho a decidir, una controvertida distinción entre ciudadanía y nacionalidad o la exigencia de un Poder Judicial y una Seguridad Social propios, pudieran tener recorrido institucional y no reciban en las Cortes Generales un portazo similar al que se llevó el plan Ibarretxe. Al final, lo más llamativo ha sido la habilidad de la izquierda abertzale para colocar un cortafuegos en torno al acuerdo con el PNV, que considera «histórico», y el malestar que la cita de esta mañana ha creado entre jeltzales y socialistas, socios de gobierno. Un rifirrafe que no hace augurar nada positivo sobre la posibilidad de que esta legislatura pueda acabar acordándose una reforma transversal y legal de la Carta de Gernika.

Los socialistas vascos han decidido abstenerse al echar en falta que se encargue expresamente a los expertos que revisen el «encaje constitucional» de los preceptos contenidos en las bases y al apreciar un «esfuerzo de integración» pero no «suficiente», al dar prioridad el encargo a que el borrador de texto articulado se ciña a unas bases «que no compartimos». El portavoz del PSE, José Antonio Pastor, ha expresado, de hecho, su «extrañeza» por los «reparos» del PNV a analizar qué aspectos de nuevo Estatuto requerirán una reforma previa de la Carta Magna, «cuando ellos mismos» han defendido la conveniencia de que el texto se ajuste a los cauces legales. De hecho, el PSE pretendía que la ponencia recuperara el mandato original para reformar el Estatuto, apoyado por jeltzales, socialistas y Podemos, que hablaba de buscar los máximos consensos y de «respeto al ordenamiento jurídico».

La portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha comparecido, en cambio, exultante, al considerar que «ha quedado claro» que el texto estatutario debe responder a su acuerdo con el PNV y reflejar la voluntad «de la mayoría de la sociedad vasca». «Es un paso muy importante en el camino del autonomismo a la soberanía», se ha felicitado, convencida de que «se abren las puertas a la democracia». Por el PNV ha comparecido la coordinadora de la ponencia, Jone Berriozabal, para explicar los acuerdos alcanzados, aunque fuentes oficiales del partido han insistido en su «decepción» con el PSE. Desde Podemos, Lander Martínez, ha lamentado que no se haya aceptado su propuesta para ampliar a diez los miembros de la comisión redactora y hacerla paritaria y el popular Antón Damborenea ha considerado certificado que PNV y EH Bildu siguen anclados «en la deriva abertzale» y en la «unilateralidad».

El encargo da libertad a los expertos para organizarse y determinar internamente el método de trabajo de la comisión, acuerda prestarles soporte técnico y hacerse cargo de sus gastos, les exige un «compromiso de confidencialidad» sobre sus deliberaciones y les da un tiempo «estimado y flexible» de ocho meses para tener listo el borrador. Se pretende que vuelva al Parlamento antes del cierre del período de sesiones que culmina en el verano de 2019, en todo caso después de las elecciones municipales y forales de mayo. EH Bildu y los populares han defendido, sin éxito, que se limitara el plazo a seis meses, lo que habria obligado a los grupos a posicionarse sobre el borrador en plena campaña.