Rajoy evita aclarar ante las víctimas si habrá acercamiento de presos de ETA

Esta vez el contexto era otro. La reunión de ayer se produjo una semana después de que ETA certificara su final, tras una sucesión de comunicados y el acto en Cambo. El objetivo era que los diferentes colectivos trasladaran de forma directa a Rajoy y a los representantes del Ministerio del Interior «cómo han vivido» la escenificación de la desaparición de la banda. La inmensa mayoría coincidió al considerar una «humillación» que ETA sólo pidiera perdón a parte de ellas. Ayer, repitieron este mismo mensaje. Pero en La Moncloa y ante el presidente del Gobierno. «Vomitivo e indecente» llegó a calificar ayer Teresa Jiménez-Becerril el final de la banda.

Tras una reunión que se alargó durante más de dos horas, la mayoría de los asistentes aseguraron en una comparecencia pública posterior salir «satisfechos» de su conversación con Rajoy. «Hemos escuchado lo que veníamos a oír», afirmó la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Mari Mar Blanco se refirió, como lo harían después otras víctimas, al compromiso de Rajoy a no permitir que haya «impunidad penal, policial ni política» y a dar la batalla por el relato para evitar que «la historia la construyan los terroristas». Rajoy aseguró también a los damnificados no haber «hablado nunca con ETA» ni haber tratado con el PNV la cuestión de los reclusos de la banda durante la negociación presupuestaria.

Y es que una de las claves de la cita era ver si las víctimas conseguían que el presidente del Gobierno tuviera un pronunciamiento claro acerca de si se llevarán a cabo o no movimientos en materia de presos. En especial, en lo que se refiere a la dispersión. Sobre este capítulo, Consuelo Ordóñez fue especialmente directa. Pero la respuesta le dejó al salir «igual» que cuando entró. La presidenta de Covite llegó incluso a pedir a Mariano Rajoy que no ceda la transferencia de prisiones al Gobierno vasco para evitar que «abra las puertas de las cárceles» a los etarras. No encontró respuesta.

Rajoy siempre ha medido sus palabras a la hora de referirse a la política penitenciaria. Ya el pasado domingo afirmó que «el Gobierno y yo siempre hemos trabajado en el marco de la absoluta legalidad. Lo hemos hecho hasta ahora, lo vamos a seguir haciendo y ningún anuncio de ETA va a cambiar esto», aseguró en una entrevista en el periódico 'La Rioja'. Una posición que cuestionan tanto el lehendakari como el PNV. Ambos le demandan movimientos con los presos de la banda terrorista. De hecho, la decisión de los jeltzales de ausentarse de la reunión del pacto antiterrorista celebrada ayer obedece a ese intento por «flexibilizar» la política penitenciaria. Además, tanto el PSOE como Podemos se han mostrado favorables a que Rajoy reconsidere la situación actual de los presos de ETA.

El presidente del Gobierno insistió ayer en su mensaje: «No habrá cambios en la política penitenciaria», «los etarras cumplirán sus condenas» y se respetará «escrupulosamente la ley», dijo. Ahora bien, y aunque algunos -no todos- colectivos de víctimas entendieron que con sus palabras Rajoy venía a afirmar que no acercaría a presos de ETA, lo cierto es que la ley permite llevar a internos de la banda a cárceles próximas a Euskadi si éstos, de forma individual, rechazan la violencia. Y sobre ese detalle Rajoy no se pronunció. Aunque le preguntaron por ello. Cosa bien distinta son los beneficios penitenciarios. «Las víctimas siempre hemos estado del lado de la ley. Por eso, si los reclusos de ETA rechazan la violencia, no tendremos nada que decir si ustedes los acercan a cárceles del País Vasco y Navarra», reconoció Consuelo Ordóñez, que durante la reunión también quiso saber por qué no ha sido detenido 'Josu Ternera', el etarra fugado desde hace 15 años y que leyó el comunicado de disolución el pasado jueves 3.

Al encuentro en La Moncloa acudieron más de una veintena de portavoces de colectivos como la Fundación Víctimas del Terrorismo y las que llevan el nombre de Gregorio Ordóñez, Jiménez Becerril, Tomás Caballero, Manuel Giménez Abad y Manuel Broseta; asociaciones como Covite, Dignidad y Justicia, las de víctimas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la de ertzainas, así como nueve agrupaciones regionales: Navarra, La Rioja, Andalucía, Cataluña, Valencia, Murcia, Castilla y León, Extremadura y Canarias. También estuvo presente el Centro Memorial por las Víctimas del Terrorismo. Asimismo, acudió el director del Memorial con sede en Vitoria, Florencio Domínguez.

A una sola voz pidieron Justicia para los más de 300 casos pendientes de resolver, que el Gobierno evite «el falseamiento» de la historia y como sentenció Ana Iribar, viuda de Gregorio Ordóñez, en un discurso especialmente duro: «Enterrar los restos de ETA en el único lugar que le corresponde, el de la infamia».