Rajoy deja en manos de un Constitucional dividido la investidura de Puigdemont

Hay nervios en La Moncloa y la inesperada decisión del Consejo de Estado alimentó la inquietud. No contribuye al sosiego gubernamental que la última palabra para abortar la investidura del expresident la tenga hoy el Constitucional. En el Gobierno saben que entre los magistrados hay disparidad de criterio, a diferencia de otras ocasiones en las que el consenso a favor de las tesis oficiales fue granítico. Pero no hubo marcha atrás. El Consejo de Ministros autorizó ayer a Rajoy a presentar la impugnación ante el Constitucional, y el escrito entró en el registro de la Corte poco después.

La vicepresidenta justificó la medida porque su «obligación es defender a España». Con el recurso, dijo, se busca «impedir un mal mayor», la investidura de «un señor» con una orden de busca y captura en España por no acudir a una citación judicial para responder por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia. De consumarse la reelección, supondría «una nueva afrenta de Puigdemont a la democracia». También sería, según el análisis de la vicepresidenta, un balón de oxígeno para los separatistas porque contarían con un presidente de la Generalitat investido por el Parlament aunque el acto jurídico sea anulado después por el Constitucional. El independentismo, apostilló, «cogería vuelo».

Sáenz de Santamaría trató de poner buena cara al revolcón del Consejo de Estado, inesperado para La Moncloa porque contaban con informes de la Abogacía del Estado que daban sustento legal al escrito. Afirmó que encajaron el rechazo con «respeto», pero el órgano consultivo, precisó, da «opiniones» porque sus funciones son de «asesoramiento», y en ningún caso imparte «instrucciones» al Gobierno. «A nosotros -subrayó- nos toca gobernar, y gobernar es decidir». El tirón de orejas, sin embargo, era previsible porque hay un antecedente de abril de 2004, cuando el Constitucional rechazó la pretensión del Gobierno de José María Aznar de impugnar la admisión en la Mesa del Parlamento vasco del plan Ibarretxe porque era un trámite sin valor jurídico.

La vicepresidenta obvió este precedente y tampoco fue muy explícita sobre las razones que motivaron el cambio de estrategia jurídica del Gobierno. Hasta el miércoles, el planteamiento era que había que ir con pies de plomo y no dar pasos hasta que no hubiera hechos susceptibles de ser impugnados. Las intenciones, se decía, no son impugnables. Pero el jueves se produjo un giro de 180 grados y el Gobierno recurrió la candidatura de Puigdemont con el argumento de que no podía estar presente en la investidura por su situación procesal. Sáenz de Santamaría sugirió que el viaje del presidente del Parlament, Roger Torrent, a Bruselas para consultar con Puigdemont la investidura determinó el cambio de estrategia. El Gobierno acogió con satisfacción el tono moderado de la primera intervención de Torrent con su afán de «coser» la sociedad catalana, pero el desplazamiento a la capital belga disparó las suspicacias, y convenció a Rajoy de que debía abortar la investidura antes del debate.

Sus argumentos, sin embargo, no convencieron a la comisión permanente del Consejo de Estado, que invocó además la doctrina del Constitucional, que mantiene que no son admisibles las «impugnaciones preventivas o hipotéticas». El órgano consultivo señaló en su dictamen conocido ayer que no cabe sustentar el recurso sobre una «mera presunción» o sobre «la hipótesis de que el candidato propuesto no comparecerá» en el Parlamento de Cataluña. El Consejo plantea, por tanto, que la impugnación solo sería viable una vez que se compruebe la ausencia del aspirante en el debate.

El escrito con la firma del presidente del Gobierno ya está en poder de los 12 magistrados, pero el debate esta vez no apunta a pacífico. El pleno se celebra hoy y la controversia radica en admitir a trámite la impugnación si cumple los requisitos formales establecidos o rechazarlo porque va contra la jurisprudencia de la Corte de no aceptar recursos preventivos. Lo más probable, apuntan fuentes del tribunal, es que sea aceptado. La discusión, con todo, puede prolongarse porque los 34 diputados de Junts per Catalunya, entre ellos Puigdemont, han solicitado al Constitucional que se escuchen sus alegaciones. Es probable que su petición sea desoída porque el pleno no va a entrar al fondo del escrito, tiene cinco meses de plazo para resolverlo.