Quién es quién en el 'caso Margüello'

David S. Olabarri

Lunes, 10 de septiembre 2018, 18:11

José Carlos Margüello:

Exjefe de calidad del Hospital de Cruces. Dio nombre al caso porque era el propietario de las empresas que se gestaron para beneficiarse de las listas de espera de Osakidetza en 2006. La Fiscalía pedía 11 años de cárcel para él por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios. También le pedía que abone con el resto de acusados una indemnización de 6,8 millones de euros, que fue la cantidad de dinero público que recibieron sus empresas. Al final, la condena se ha limitado a 9 años de inhabilitación para el desarrollo de cargo público como cooperador de necesario por un delito de prevaricación y al abono de la cuarta parte de las costas procesales.

José Ramón Elorriaga:

Exresponsable del Departamento de Sanidad en Bizkaia durante el mandato de Gabriel Inclán (PNV). Fue el responsable político que dio visto bueno a las autorizaciones a las empresas de Margüello a pesar de los informes contrarios de los técnicos. La Fiscalía también pedía 11 años de cárcel para él. Su condena se ha limitado a 9 años de inhabilitación para el desempeño de cargo público como autor de un delito de prevaricación. También debe abonar otra cuarta parte de las costas procesales.

María Nieves Fernández:

La supuesta testaferro de Margüello en las empresas investigadas. Los jueces dan por acreditado aparentaba dirigir las firmas porque Margüello no podía estar al frente de las firmas por la «incompatibilidad» que presentaba al ser un facultativo del servicio vasco de salud. Condenada a 7 años de inhabilitación como cooperadora necesaria de un delito de prevaricación. Los jueces consideran que ella, Elorriaga y Margüello se pusieron de acuerdo para «beneficiar» de forma irregular a las empresas del exjefe de Cruces.

Rafael Cerdán:

Exviceconsejero de Sanidad en esa época. Dio el visto bueno a la autorización aprobada por Elorriaga. Los magistrados entienden que lo hizo en la «creencia» de que todo era legal, ajeno a «los intereses personales del resto de acusados». Pero le reprochan que actuara de forma «negligente» y con «notoria dejación de funciones».