«Queremos incrementar del 26 al 40% el régimen de semilibertad en las cárceles vascas»

- Cien días del traspaso de Prisiones. ¿Qué han cambiado?

- Estamos sembrando y se verán los frutos. Es una maratón, larga distancia. Hemos acercado la Administración penitenciaria a todos los colectivos: funcionarios, tercer sector, internos. Antes, todo estaba en Madrid, muy lejos, y dependían de allí muchos centros. Ahora es una relación fluida y cercana.

- La primera bandera que enarbolan es 'Aukerak'. ¿No había antes planes de empleo de presos?

- El paso que aporta, en relación con la entidad de trabajo penitenciario y formación estatal, es plantear que desde el inicio del internamiento haya un itinerario formativo y laboral. Que se les encamine hacia el mundo laboral según sus intereses. Lanbide jugará un papel en esto. La idea es que, al terminar la condena, esa persona pueda mantener sus necesidades de manera lícita. Y también que personas en tercer grado empiecen a trabajar en empresas convenidas.

- Hay unos 1.300 presos en Euskadi. Apenas hay 350 que trabajan en los centros.

- Hay limitaciones en los propios centros. Basauri y Martutene tienen pocas posibilidades y estamos haciendo algunas obras para habilitar talleres formativos o de producción. Pero es cierto que hay una parte de la población penitenciaria que no está habilitada para trabajar. Imposible. Hay algunos que no quieren hacer nada, sólo pasar los días. Hay quien nunca ha trabajado. El reto es convencerles.

- Hay unos cien presos de ETA en cárceles vascas, la mitad del total. En mayo, apenas eran el 33%. ¿En un año estarán todos aquí?

- No lo sé. En estos tres meses han venido varios. Los traslados dependen de los internos, de las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios y del visto bueno de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Finalmente, el Gobierno vasco lo debe autorizar.

- ¿Qué criterio mantiene el Gobierno vasco para autorizarlos?

- El criterio es que sea una persona que tenga arraigo personal y familiar en el País Vasco. Es el que hemos seguido. Para nosotros, las personas que han cometido delitos de pertenencia a la organización terrorista ETA son igual que otras personas que cometieron otros delitos. El trámite es igual.

- Covite y otras asociaciones de víctimas critican que, hasta ahora, esos traslados se autorizaban cuando el preso daba signos de arrepentimiento y que ahora son generalizados. Para el Gobierno vasco, ¿hace falta?

- No, los traslados de un centro a otro no vienen determinados en la legislación por ese requisito. La idea es que la persona privada de libertad cumpla condena cerca de su lugar de residencia porque facilita la reinserción. Con todo el respeto a las víctimas, pero no podemos valorar ese elemento. Arraigo o no. Eso sí.

- El 99% de los presos de ETA tiene arraigo. Casi todos, por tanto, serán autorizados.

- En principio, sí. Yo, como jurista que soy, tengo que ver el expediente de la persona concreta pero puede ocurrir que no. Un ejemplo, algunos presos que están en El Dueso. Depende de dónde viva está ahora más cerca de su domicilio que si va a Zaballa. Son prisiones muy bien conectadas con el País Vasco.

- El Partido Popular criticó que, a su juicio, «se está haciendo un modelo penitenciario a la medida de los presos de ETA». ¿Es así?

- El PP, en su libertad de expresión, hace estas manifestaciones que yo no comparto. Las medidas son para todas las personas privadas de libertad. No es un modelo específico. En estos cien días no han podido ver nada de eso. Que nos den un poco de margen.

- Algunos colectivos de víctimas temen que flexibilicen las penas y se extiendan los regímenes de semilibertad para presos de ETA.

- Bueno, en estos cien días no ha sido así. Lo que contemplábamos cuando presentamos el modelo son las resoluciones del Parlamento vasco en 2019 y las directrices del Consejo de Europa, que pide a los Estados miembros que fomenten los regímenes de semilibertad porque tienen mejores índices de reinserción. Nosotros nos marcamos un 40%. No se hará de forma inmediata. La media está en el 26%, aunque en Basauri igual es un 50%.

- Un 40% del total de los reclusos.

- Eso es. Yo sólo veo el delito cometido y la legislación. La persona, no colectivos. Y ojo, el régimen de semilibertad es cumplimiento de condena. Lo haremos sin desproteger a la sociedad.

- Esa medida supondrá que vuelvan a sus pueblos.

- Sí, pero la mayoría lleva 10, 15, 20 años de prisión. Son mayores y la última fase lo normal es cumplirlo en ese régimen.

- La Fundación Víctimas del Terrorismo pidió vincular cambios de grado y colaboración del preso para esclarecer crímenes.

- Creemos que sería importante dar una respuesta jurídica, que las víctimas conozcan quién es el verdadero autor. El derecho a la verdad es muy importante. El problema es que hay un derecho constitucional a no declarar contra ti mismo. Y cualquier manifestación de alguien que conozca el delito puede ser contraria a sus intereses y tener consecuencias. Con la legislación española, es muy difícil exigir delaciones a sí mismo o a otra persona.

- Justicia restaurativa y los encuentros siempre discretos. ¿Hacia dónde van en esa materia?

- Hemos estado preparando un modelo pero no lo puedo anunciar todavía -muestra un documento que tiene entre sus papeles-. Se implementará el año que viene. Las víctimas tienen derecho a la justicia restaurativa y debe ser algo más amplio que los encuentros. Siempre con transparencia, pero con discreción. Es algo muy íntimo y así lo piden las víctimas. Tenemos las bases y el próximo año hay ya una partida en los Presupuestos -220.000 euros- para justicia restaurativa.

- Los presos pidieron que no se celebren 'ongi etorris', pero el día 23 hubo otro. La Audiencia Nacional tiene poco margen. ¿No se puede hacer más?

- No me corresponde a mí valorarlo porque queda fuera de la materia penitenciaria. Pero no me quiero escapar de la pregunta. Es obvio que los 'ongi etorris' no son buenos. Lo ha dicho la consejera. Cualquier persona razonable entiende que suponen un dolor para las víctimas innecesario. No tiene sentido que alguien con delitos muy graves tenga un reconocimiento. No se puede justificar como una mera alegría de los cercanos porque se pueden hacer de forma privada. Como ciudadano, no lo entiendo.

- Aplausos a 'Mikel Antza', loas a Troitiño y David Pla en la dirección de Sortu. ¿Bildu se está radicalizando?

- No quiero profundizar mucho, como asesor del Gobierno.

- Como ciudadano, ¿cómo lo ve?

- Que se hagan este tipo de recibimientos o acogidas cuando van a declarar es algo que la mayor parte de la ciudadanía no entiende. Han cometido hechos delictivos muy graves. Hace falta más empatía con los que sufrieron esos actos. Como ciudadano, y no como asesor, yo les pediría que se pongan en la piel de los familiares, padres o hijos que sufrieron esos actos. Esa es mi opinión, pero no tiene ninguna consecuencia penitenciaria.

- Había preocupación entre algunos trabajadores por el traspaso de Prisiones y algunos amagaron con irse. ¿Se fueron?

- Se lo cuento en primicia. Hablamos mucho con Instituciones Penitenciarias y nos han dado los datos provisionales. Frente aquella idea de que se iban a ir todos, ha pasado lo contrario. Tenemos un saldo positivo. Van a venir más de los que se marchan. Salen de Euskadi 141 funcionarios y llegan 150. Y algunas de esas 141 renuncias no se han completado gracias al acuerdo.

- ¿Cuántos funcionarios había en el momento del traspaso?

- Unos 700 plazas, pero no estaban todas las plazas cubiertas. Unos 630 ocupados. El problema de la falta de personal es algo generalizado en todo el Estado.

- A eso iba. Los trabajadores creen que falta plantilla. En Zaballa, en 2011, los módulos pasaron de 8 a 15 presos sin más personal. ¿Cuánta plantilla falta?

- Lo estamos evaluando. Tenemos claro que hay que cubrir las vacantes. En estos dos años habrá que hacer varias OPE por vacantes y porque parte de la plantilla está próxima a la jubilación. Estamos trabajando con Función Pública y habrá que llegar a acuerdos con los sindicatos.

- Presos de ETA con enfermedades graves. Sare pide excarcelarlos. ¿Hay casos susceptibles aquí?

- Que yo sepa, no. Es un tema complicado. La interpretación hasta ahora de 'grave incurable' era muy restrictiva, pero para todos los presos, no para unos en particular. Muchos estaban hasta los últimos meses, a veces por falta de recursos para acogerlos, y se les excarcelaba para evitar el anatema de que murieran en la cárcel. Nosotros queremos propiciar una interpretación menos rígida, según una sentencia del Constitucional de 1996. En casos graves incurables, que se aplique el tercer grado cuando mantenerlo en el centro es perjudicial para su salud. Si no hay peligrosidad. Sería más humanitario. Al final, decidirá en cada caso el médico.