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Da la impresión de que las lecciones del traumático 'procés' independentista en Cataluña han sido aprovechadas mucho mejor fuera que dentro del nacionalismo catalán. Y en este aprendizaje de las consecuencias a las que lleva ignorar una realidad social, institucional e internacional para combatirla estérilmente ... desde el dogmatismo identitario, el lehendakari Urkullu parece uno de los alumnos más aventajados. No hace tanto tiempo que en Madrid muchos de los que ahora cargan -merecidamente- contra la herencia pujolista, suspiraban melancólicamente por «un Pujol vasco» frente al Ibarretxe subido al monte del soberanismo. Hoy no faltan quienes, mirando a Esquerra Republicana, desearían que surgiera «un Urkullu catalán» con el que volver a enhebrar 'operaciones diálogo' o similares despliegues de voluntarismo.
Urkullu, y con él, el PNV, tenían un buen trecho recorrido de vuelta de las ensoñaciones soberanistas. Lo de Ibarretexe y su plan terminó con Patxi López en Ajuria Enea, un desenlace saludable aunque de resultados decepcionantes, pero que traía causa en la movilización sin precedentes del constitucionalismo que como concepto social y político no nace en las grandes avenidas de Barcelona sino en las calles y plazas del País Vasco; no para reclamar la recuperación de un pretendido 'seny' perdido sino en reivindicación de la Constitución como garantía de libertad. Urkullu, tras la presidencia en el partido de Josu Jon Imaz, quien deja la idea del 'nacionalismo cívico', tiene que vérselas con la necesidad de desescalar en el conflicto incendiario abierto por Ibarretxe si el PNV quería restablecerse en la 'centralidad' de la política vasca. Es perfectamente comprensible la distancia con la que el PNV y el Gobierno vasco han contemplado el destructivo embrollo catalán. Para la cultura de partido en el caso del PNV era inexplicable que sus primos catalanes dejaran que se consumara la destrucción de Convergencia. En contra de lo que pudiera parecer, en el caso vasco, la independencia es para el partido y no el partido para la independencia, lo que explica que aquí el nacionalismo no haya considerado como mérito el sacrificio del partido en aras de la soberanía. La épica queda bien para arengar en las campas pero no hay que exagerar. En Cataluña, la palanca para mover el 'procés' fue una reivindicación económica y financiera de la que el País Vasco podía desentenderse gracias al régimen de Concierto y su plasmación en el Cupo y la gestión territorial del sistema fiscal. Tampoco aquí era cuestión de hacerse demasiado visible porque el horno político no estaba para estos bollos. Tan es así, que ha habido que resguardarse en el amparo constitucional del Concierto -el primero, el nacionalismo- para defenderlo frente a su creciente puesta en cuestión, a la vista de que apelar a la legitimación histórica de este modelo financiero es un argumento que viaja mal.
La apuesta independentista del nacionalismo catalán no sólo se ha topado con la respuesta judicial y la aplicación del artículo 155 de la Constitución que, dicho sea de paso, se ha producido en términos mucho menos invasivos de los que denuncia el victimismo catalán. Pero, además, ha habido otras dos variables que los nacionalistas catalanes han ignorado hasta un punto que sólo se puede explicar por un persistente estado de alucinación del mundo independentista. La primera de estas variables infravaloradas es la propia contextura plural de la sociedad catalana de hoy, visiblemente alejada del estereotipo payés que ha animado el proceso. Una cosa era el éxito cosechado por la queja populista del «España nos roba» y otra bien distinta que eso alimentara un compromiso independentista en la mayoría de los catalanes.
El otro factor torpemente ignorado por el independentismo ha sido Europa. En estos tiempos turbulentos, el nacionalismo y su pareja simbiótica, el populismo, están identificados como las amenazas endógenas más graves para el proyecto europeo. Además de una organización supranacional, la Unión Europea es una alianza de Estados y no hay ningún motivo para pensar que vayan a aceptar un supuesto derecho de secesión justificado por un inexistente déficit democrático. La Unión es también una construcción jurídica que tiene un efecto constitucional interno en los Estados miembros a los que refuerza como sujetos jurídicos y actores políticos. Por eso, no se entendía la absurda contumacia de los independentistas catalanes en su intento de convencer a los suyos y a los demás de que la independencia no supondría la salida de Cataluña de la UE.
Urkullu parece haber tomado nota de que la Unión Europea transforma sustancialmente el juego de los nacionalismos, altera sus referencias y deja malparada la credibilidad de su discurso tradicional basado en la confrontación con el Estado y en los supuestos derechos inalienables de un sujeto colectivo, arbitrariamente definido y excluyente. Puigdemont ha reaccionado arremetiendo contra la UE desde Bruselas. Urkullu, por el contrario, se ha traído de Quebec la idea -poco realista, para qué se van a engañar- de una 'Ley de la Claridad' a escala europea que contemple la posibilidad de secesión sin que ello conlleve que el territorio independizado salga de la Unión. El Puigdemont desabrido contra la UE y el Urkullu de formas suaves e inspiración canadiense son dos formas de reaccionar ante una realidad que, como ha comprobado el nacionalismo, no sólo obliga a este a un cambio táctico sino a una reconsideración esencial de lo que significa en la Europa de hoy y en sus Estados. Y no les va a ser fácil.
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