El primer gran pacto de Estado entre Pedro Sánchez y Pablo Casado está más cerca que nunca. Lo confirman en privado todas las partes implicadas y lo ratificó ayer en público el PNV usando el particular estilo de su voz en Madrid, Aitor Esteban. «Cómo ... es la vida, se tiran dos años peleándose y de repente, 'pim-pum', está todo más o menos arreglado y seguramente habrá noticias muy pronto», dijo Esteban. Eso sí, nadie quiere pillarse los dedos y el jeltzale, en este sentido, advirtió de que «todo está muy avanzado pero hemos visto tantas cosas que mejor no asegurar nada». De ese esbozo de pacto entre el PSOE y el PP también forma parte el PNV, que tal y como sucede ahora propondría a uno de los veinte vocales del futuro Consejo General del Poder Judicial perteneciente a la «cuota conservadora», según fuentes conocedoras de la negociación.
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Los partidos están inmersos en su particular batalla del relato, buscar la mejor forma de explicar a los suyos que el acuerdo alcanzado es necesario para la estabilidad del país. En el caso del PSOE, por aceptar un pacto de tú a tú con el PP pese a tener más peso parlamentario, y en el caso de los populares, para 'tragarse' el sapo de que Unidas Podemos también tendrá presencia en el CGPJ. En caso de rubricarse el pacto, explican estas fuentes, los de Iglesias nombrarían a dos vocales que formarían parte de la 'cuota socialista'.
Es por ello que el representante que le toca al PNV correspondería, sobre el papel, a la 'cuota conservadora'. El PSOE y el PP están de acuerdo en que los jeltzales deben seguir dentro del CGPJ, sabedores de su relevancia en la gobernabilidad del país. De ahí el acercamiento que Pablo Casado busca desde hace algún tiempo con los de Andoni Ortuzar.
Más allá del órgano de gobierno de los jueces (que está formado por veinte integrantes más el presidente, que también hace las veces de presidente del Tribunal Supremo), este primer gran pacto de Estado también incluiría a Radio Televisión Española, algo que hoy se debatirá en el Congreso, la presidencia del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. La celebración de las elecciones catalanas y ese nuevo impulso en favor del bipartidismo que ha traído consigo la conmemoración del 40 aniversario del 23-F son los mimbres de un acuerdo que nunca ha estado tan cerca, tal y como confiesan ambas partes.
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Presidencia DEL TSJPV
El arreón en las negociaciones se debe, sobre todo, al ultimátum dado por el actual CGPJ, que se reúne hoy con un orden del día en el que está incluido un nuevo paquete de nombramientos. Entre ellos, hay dos vascos: la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y la presidencia de su Sala de lo Social. Ambos puestos, paradójicamente, están cubiertos de forma interina por Garbiñe Biurrun.
¿Se producirán finalmente las designaciones? «Puede suceder de todo», coinciden en señalar fuentes del órgano de gobierno de los jueces. «Sólo el anuncio oficial de un pacto formal las evitaría. Si no lo hay, es muy posible que se siga adelante porque basta con que lo pidan 13 de los 20 vocales, y esa mayoría podría alcanzarse», explican. No hay que olvidar que el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, decidió no incluirlos en el orden del día, pero ocho vocales tiraron de reglamento y se unieron para exigir por escrito que lo hiciera. Al final, se vio obligado a rectificar.
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En lo referente a la presidencia del Tribunal Superior vasco, y además de Biurrun, los otros cinco aspirantes son Iñaki Subijana, Luis Garrido, Edorta Etxarandio, Antonio García y Mercedes Guerrero. Esta última, presidenta de la Audiencia de Álava, es una de las que cuenta con más opciones. Afiliada a la conservadora APM y bien considerada por sus compañeros, su elección permitiría también realizar un gesto simbólico ya que las mujeres son mayoría en la judicatura, pero no suelen ocupar puestos destacados. En el lado progresista, quien tiene más opciones es el responsable de la Audiencia de Gipuzkoa, Iñaki Subijana.
De la conservadora APM, encabeza el máximo órgano jurisdiccional alavés desde 2010.
Ocupa de forma interina ese puesto, al igual que la propia presidencia del Tribunal Superior.
Es el magistrado ponente del auto que autorizó la reapertura de los bares en zona roja.
Perteneciente a la progresista Jueces para la Democracia, lleva en su puesto más de diez años.
Exportavoz nacional de la APM, también opta a una plaza en la Sala de lo Civil del Supremo.
Titular en Bilbao hasta 2008, fue un destacado administrador concursal durante la crisis.
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