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La elección de la Mesa del Congreso en la sesión constitutiva de las Cortes Generales, el próximo 21 de mayo, se ha convertido en una auténtica –e incómoda– prueba de fuego para Pedro Sánchez, que, si accede a negociar asientos con sus potenciales aliados nacionalistas ... vascos y catalanes, se vería obligado, al mismo tiempo, a destapar sus cartas antes de las municipales y autonómicas del 26-M.
A la espera de la alambicada negociación entre los grupos para repartirse los puestos en el órgano de dirección de la Cámara baja, que siempre puede deparar sorpresas de última hora, el PSOE dio muestras ayer de que prefiere evitar hacer concesiones a ERC y al PNV antes de la cita con las urnas, por el coste electoral que podrían tener esos guiños, sobre todo en el caso de los soberanistas catalanes. Está por ver, tras la amenaza de los republicanos de bloquear la designación de Miquel Iceta como senador autonómico, imprescindible para que pueda ser elegido presidente de la Cámara alta, si los socialistas pueden mantener sus planes.
Pese a que Andoni Ortuzar insistió ayer en Radio Euskadi en que el PNVno busca puestos en la Mesa ni un pacto de legislatura con Sánchez sino utilizar su influencia en Madrid para remar a favor de un «cambio» en el modelo territorial del Estado, los jeltzales tampoco harían ascos a una de las cuatro secretarías en juego, a las que ya han accedido en legislaturas anteriores. La habitual mención al PNV como aliado preferente de Sánchez para los próximos cuatro años había disparado las especulaciones sobre la posibilidad de que se les premiara con un puesto en la Mesa, unas quinielas en las que también entraban los republicanos catalanes.
No obstante, fuentes del PSOE se encargaron de airear ayer, antes de que estallara el 'affaire' de Iceta, que no tienen previsto que en la futura Mesa «progresista» del Congreso estén representados ni los jeltzales ni ERC. Aunque tanto el 'hombre fuerte' del PSOE, José Luis Ábalos, como la portavoz, Adriana Lastra, se limitaron a recalcar que el citado órgano de gobierno debe reflejar la «pluralidad» de la Cámara, desde las filas socialistas se alimentó la idea de que el PSOE podría hacerse con tres puestos, incluida la presidencia, y Podemos con otros dos, lo que les garantizaría la mayoría frente a los dos que obtendría el PP y los otros dos de Cs, si no median pactos entre el resto de los grupos.
Los nacionalistas asumen que Sánchez ha hecho ese cálculo para evitar riesgos innecesarios, porque los 165 escaños que suman PSOE y Podemos les garantizarían el reparto, salvo que los nacionalistas cerrasen un acuerdo, harto improbable, con PP, Cs o Vox. Los jeltzales creen que Sánchez no habría tenido inconveniente en negociar un puesto para el PNV, pero eso le habría obligado a incluir a ERC, un gesto bastante más problemático. Lo que es absolutamente innegociable para socialistas y morados es garantizarse la mayoría para evitar bloqueos como los que sufrieron en carne propia tras la moción de censura, cuando la Mesa, donde PP y Cs tenían mayoría, tumbó las pretensiones de Sánchez, por ejemplo, de sortear la capacidad de veto del Senado a la senda de déficit.
Esa mayoría de izquierdas será la misma que deberá decidir, una vez constituida la Mesa y seguramente ya tras las elecciones, si se muestra permisiva con las pretensiones de EHBildu –4 escaños– y JxCat –7 diputados– de obtener grupo propio pese a no cumplir alguno de los requisitos legales: tener al menos 5 representantes y superar el 15% en todas las circunscripciones donde se haya presentado. Existen precedentes, el primero con el PNV en 1986, de una interpretación laxa del reglamento, que ha permitido préstamos de escaños o incluso observar la media de representación en lugar de ir territorio por territorio. Pero los grupos asumen que será una decisión estrictamente «política» de Sánchez, que dará pistas también sobre su disposición a la manga ancha con los soberanistas.
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