El PSOE pide apartar a dos magistrados y que no se admita el recurso del PP

Tras conocer el recurso de amparo del PP y la solicitud de medidas cautelarísimas para suspender la tramitación de las enmiendas, el PSOE registró un escrito ante el pleno. Solicitó personarse con el argumento de que una medida cautelar que pueda suspender el procedimiento «impide al conjunto de los diputados que ejerzan legítimamente sus funciones como representantes de los ciudadanos y tendrá una incidencia directa en el derecho fundamental de todos los diputados de imposible reparación». Los socialistas presentaron ayer otros dos escritos para tratar de impedir que el TC acepte la petición del PP. El PSOE considera que, en caso de ser admitida, el Constitucional «vulneraría el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes». A su juicio, «una injerencia del Constitucional le colocaría en una posición que no le corresponde».

En el segundo escrito presentado ayer, los socialistas solicitan apartar al presidente Pedro González-Trevijano y al magistrado Antonio Narváez, de modo que no exista «la más mínima duda respecto a la imparcialidad» de quienes integran el tribunal. El PSOE se adhiere así a la petición formulada el jueves por sus socios de Unidas Podemos, que alegaron que ambos magistrados tienen un «interés directo» en que no se renueve la corte porque son los dos a los que sustituirán los candidatos designados por el Gobierno. La formación morada pretende incluso elevar el pulso a Europa, y también ayer registró un escrito ante el TC para que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre si González-Trevijano y Narváez deben abstenerse de modo automático por «falta de imparcialidad». Las recusaciones son la principal baza para impedir que en el pleno se admitan las medidas cautelarísimas reclamadas por el PP. Y ello porque, si González-Trevijano y Narváez no se apartan voluntariamente, se abre un incidente de recusación que tiene un efecto suspensivo sobre el conjunto del procedimiento hasta que quede resuelto, para lo cual hay una tramitación que contempla plazos de varios días. Un paréntesis que daría tiempo a que el Senado aprobara la proposición de ley y sus enmiendas.

PSOE y Unidas Podemos presentaron una proposición de ley para derogar en el Código Penal el delito de sedición y sustituirlo por otro de desórdenes públicos agravados, con una pena muy inferior. A esa proposición, los mismos grupos presentaron diversas enmiendas para reformar el mismo delito recortando mucho las penas y modificar las leyes orgánicas del CGPJ y TC para cambiar las reglas de elección de magistrados.

El escrito, refrendado por 13 diputados populares, recoge que se vulneró el derecho de los parlamentarios a ejercer su cargo cuando la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso admitió enmiendas a la reforma en marcha «manifiestamente inconstitucionales».

Juan Carlos Duque, secretario general adjunto del Constitucional, emitió un informe contrario a la admisión de la medida cautelarísima pedida por el PP. «Su concesión, sin audiencia al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, reviste carácter excepcional», explica. La reiterada doctrina del TC se inclina por no conceder la suspensión. Duque señala que la no adopción de la medida «no haría perder necesariamente al recurso su finalidad, pues una eventual estimación de la demanda permitiría reconocer la vulneración del derecho fundamental vulnerado, aunque fuera con efectos meramente declarativos». Ello sin perjuicio de que, si la proposición de ley llega a aprobarse, «pudiera promoverse contra ella recurso de inconstitucionalidad». En suma, el letrado expone que se debe respetar la autonomía parlamentaria en lo posible y que la ilegalidad de la enmienda no está clara.

Herminio Losada, letrado del Constitucional, elaboró un informe por encargo del magistrado Enrique Arnaldo, elegido a propuesta del PP y ponente del recuso de amparo, en el que respalda su admisión a trámite y la suspensión cautelar de la tramitación legislativa. Apoyado en ese informe, Arnaldo está dispuesto a defender hoy ante sus compañeros la necesidad de suspender la tramitación de la reforma, pendiente de aprobación en el pleno del Senado de este jueves.