Congreso, Senado y Gobierno acatan con reproches la decisión del Constitucional

Los dos representantes del tercer poder del Estado, ambos socialistas, dejaron claro que no comparten la decisión tomada por un Constitucional dividido entre conservadores y progresistas. Batet recordó que nunca el tribunal de garantías había dado un paso semejante y manifestó su «honda preocupación» por ese «cambio de proceder». Gil aseguró que la decisión, tomada sin oír a las partes implicadas, marca un «triste punto de inflexión» y supone un «paso de difícil retorno en la degradación de nuestro sistema democrático». Pero no desobedecerán. Es lo que ya habían avanzado a mediodía desde el PSOE.

El Gobierno y su principal partido han sido contundentes en los últimos días respecto a lo que implicaría, a su juicio, la suspensión cautelarísima de la tramitación, ya en el Senado, de la reforma con la que Pedro Sánchez aspiraba a lograr sin más demora el postergado vuelco progresista en el tribunal hoy dominado por los conservadores. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz de la ejecutiva socialista, Pilar Alegría, dieron a entender, el domingo y este lunes, respectivamente, que no consideran que la medida sea ajustada a derecho. Alegría habló incluso de «secuestro» del Legislativo. Pero ya sugirió que su partido acataría la decisión.

«El PSOE ha dado muestras de su respeto a la declaración de poderes. Siempre hemos sido respetuosos con la justicia pero no me pongan un escenario que como demócrata no quiero ni me puedo imaginar», respondió la también ministra de Educación cuando se le preguntó sobre el asunto. El escenario, finalmente se produjo. Y el Ejecutivo y los socialistas, a través de la portavoz en el Senado, Eva Granados comparecieron para subrayar la «gravedad» del momento.

Bolaños remarcó en su bien medida intervención que la decisión del Constitucional se ha producido a través de un «procedimiento insólito» con una rapidez «inusual» y por una «mayoría exigua». Insistió en que algo así no había sucedido «nunca» ni en España ni «en países de nuestro entorno» y advirtió de que la decisión afecta a «fundamentos de nuestro sistema democrático». «La ley -adujo- no confiere al Constitucional la facultad de paralizar la actividad legislativa, esa posibilidad se derogó en 1985», dijo en alusión al extinto recurso previo de inconstitucionalidad. «Este no es un conflicto entre partidos ni instituciones es un conflicto entre quienes cumplimos la Constitución y quienes la incumplen desde hace cuatro años», añadió cargando contra el PP.

El ministro de la Presidencia, principal hacedor de la reforma impulsada por el Gobierno hizo hincapié además en otro aspecto.« »El Tribunal Constitucional ha paralizado su propia renovación, pendiente desde hace 6 meses. Y lo han hecho algunos magistrados que, con su voto -abundó-, han decidido su propio futuro«.

La posición de los socialistas, en todo caso, no es exactamente la posición defendida por el socio minoritario del Gobierno. La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que se apresuró a manifestarse en contra de la decisión del «ala derecha» del tribunal no aclaró si es partidaria de acatar su decisión. «La derecha política, mediática y judicial consuma un golpe sin precedentes a la democracia», denunció. A la espera de concretar algún tipo de respuesta o acción parlamentaria, Belarra dejó en el aire una advertencia: «Toca demostrar que los y las demócratas somos más».

Aunque fuentes de la formación matizaron después que no hay una decisión tomada, tanto el diputado de UP y secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, como la diputada en la Asamblea de Madrid Alejandra Jacinto y el portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, habían apuntado horas antes a un desacato. «No hay posible desobediencia si la resolución se toma sin competencia ninguna», argumentó Santiago en La Sexta. En todo caso, los morados no tienen representación en la Cámara baja. Y conocida la sentencia, el mismo dirigente comunista apuntó en un tuit: «Procede actuar con firmeza: recurso ante los tribunales, iniciativa legislativa y llamamiento a la ciudadanía a que defienda la democracia y exija a la derecha que cumpla la Constitución».

La vicepresidenta segunda y posible cabeza de cartel en las próximas generales, Yolanda Díaz, evitó hablar de «golpe» y aunque también tildó la cuestión de «grave» lanzó un mensaje de tranquilidad, como también hicieron Bolaños o Ander Gil. «La democracia prevalecerá», dijo. «Sigamos gobernando del lado de la democracia, del Estado de Derecho y de las instituciones, con diálogo, con serenidad y con política constructiva».

Los socialistas se han resistido hasta ahora a aclarar cuáles serían sus siguientes pasos ante la paralización de sus reformas. Este lunes existían dudas incluso sobre si al aceptar las cautelares se suspenderían no solo los artículos que rebajan las mayorías requeridas al CGPJ para designar a sus dos magistrados en el Constitucional o eliminan el requisito de verificación de idoneidad por parte del tribunal sino también la reforma del Código Penal ideada para beneficiar a los condenados y procesados del procés con la derogación de la sedición y el abaratamiento de las penas por malversación.

El PP, en su recurso de amparo, solo pedía frenar los cambios relativos al órgano de gobierno de los jueces y la corte de garantías al entender que su tramitación como enmiendas de un texto que nada tiene que ver vulnera sus derechos de participación. Pero lo que se planteó como enmienda forma ya parte de un conjunto legislativo .

Por si acaso, Más País ya ha presentado las reformas que afectan a las leyes del CGPJ y el TC como proposición de ley en la Cámara baja. Su tramitación por esa vía no debería ser paralizada puesto que la propia portavoz del PP, Cuca Gamarra, insistió el pasado jueves en que no era el contenido de la norma lo que se recurría en amparo al Constitucional sino el procedimiento empleado.

Todo es tan inédito que la incertidumbre es muy elevada. Los partidos estuvieron toda la jornada en vilo pendientes de las deliberaciones del Constitucional hasta que se supo, a última hora de la tarde, que los magistrados habían rechazado por seis a cinco abordar ya las recusaciones del Pedro González-Trevijano y Antonio Naváez - los dos magistrados conservadores que serán sustituidos inmediatamente por el exministro de justicia Juan Carlos Campo y la exasesora del ministerio de Presidencia Laura Díez- solicitadas por UP y el PSOE al considerar que son parte interesada.

En el PSOE se tomaron la decisión como una mala señal. Sobre todo por el hecho de que en ella participaran también los propios Trevijano y Narváez. Y lo mismo apunaron en la formación morada. « Todo indica que el ala derecha del Tribunal Constitucional tiene intención de proseguir con su golpe a la democracia parlamentaria», adujeron. «Como ya hemos dicho, si finalmente un tribunal constitucionalmente caducado y, por primera vez en 40 años, se atreve a llevar a cabo un pronunciamiento para intervenir el proceso de producción de leyes en el Poder Legislativo estaría cruzando una línea roja de gravísimas consecuencias».

Los populares, por el contrario, expresaron su satisfacción. «El TC no se ha dejado influenciar por las presiones del Gobierno y ha admitido a trámite la demanda del PP, lo cual demuestra que la interposición del recurso era una decisión correcta y que en su deriva autoritaria el Gobierno ha cruzado todas las líneas rojas», aplaudieron fuentes del partido.