El PSOE se alía con el PNV en el Congreso para convencer al PP de que apruebe la ley del suelo

Con este panorama, y para no tener que empezar todo el procedimiento de anteproyecto y órganos consultivos que exigiría impulsar otra vez la norma desde el Consejo de Ministros, el PSOE ha optado por llegar a un acuerdo con el PNV para presentar una proposición de ley. Con este movimiento, busca cortejar al PP, clave para que esta ley salga adelante.

Si los de Alberto Núñez Feijóo decidieron no avalar la norma fue por interés partidista, para evidenciar la debilidad del Gobierno en una semana en la que había sufrido la enésima derrota parlamentaria al no lograr aprobar su ley contra la prostitución. Por aquel entonces, además, acababan de celebrarse las elecciones catalanas y estábamos a las puertas de la campaña europea.

El PSOE, sin embargo, contaba con el apoyo del PP porque se trata de una ley avalada tanto por la Federación de Municipios y Provincias como por todo el sector inmobiliario (promotores, constructoras...), que criticaron con dureza al PP por anteponer sus intereses partidistas a los intereses generales.

De hecho, el texto que ahora presentan el PSOE y el PNV es prácticamente idéntico al proyecto original, con la salvedad de que ahora los instrumentos de ordenación territorial y urbanística tienen que regirse «en los términos que dispongan las normativas autonómicas». Asimismo, la nueva redacción dice que estos instrumentos podrán ser «modificados o sustituidos» en los términos en los que dispongan las normativas autonómicas.

Todo apunta a que la nueva proposición de ley seguirá sin gustar, al menos, a Sumar y Podemos, pues consideraban que el texto abría las puertas al «pelotazo urbanístico» al limitarse el efecto de las denuncias por defectos menores y subsanables en la planificación urbanística, cuestión que sigue presente en el texto. De ahí la relevancia de los de Alberto Núñez Feijóo.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana explicaba en el borrador del proyecto que se remitió al Congreso que ese límite al efecto de las denuncias serviría para poner coto a los «chantajistas» que se aprovechan de la normativa vigente para presentar reclamaciones ante planificaciones urbanísticas que después acaban retirando tras llegar a un acuerdo económico. El departamento liderado por Isabel Rodríguez aseguraba que con la ley actual se han producido «claros abusos» en el ejercicio de estas reclamaciones, sobre todo en las grandes ciudades. Así, el objetivo de la reforma es dar seguridad jurídica.

Como explicaron fuentes del PNV, la iniciativa conjunta tiene el «objetivo principal» de reformar el artículo 55 de la norma y dar respuesta a la demanda transversal de las entidades locales para que los planes generales de ordenación urbana no decaigan por errores de forma que puedan ser subsanados. «Los municipios pueden tardar varias legislaturas en realizar un PGOU, y que un defecto de forma subsanable eche al traste el trabajo, el dinero y el futuro urbanístico de un municipio no es aceptable», destacó la diputada jeltzale Maribel Vaquero.

En este sentido, explicó que la nulidad de los planes «retrasa la construcción de dotaciones tan importantes como centros de salud o equipamientos municipales, además de viviendas». «Confiamos en que el resto de grupos parlamentarios del Congreso apoyen esta reforma que busca solucionar un problema que puede afectar a todos los municipios del Estado», remarcó.

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