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Noviembre será un mes determinante para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato va camino de cumplir tres años en funciones, récord absoluto en democracia. El escenario actual se antoja casi definitivo para sacar antes de Navidad al órgano del gobierno ... de los jueces del bloqueo político, protagonizado por PSOE y PP. Una interinidad que ya está provocando graves disfunciones en la organización de los tribunales más relevantes, con 48 plazas discrecionales sin cubrir de altos cargos de la judicatura y cientos de sentencias paralizadas en distintas jurisdicciones del Tribunal Supremo.
La reciente renovación de parte de los órganos constitucionales, anunciada el 21 de octubre por socialistas y populares, cuyos escaños suman los tres quintos necesarios, ha reabierto de nuevo los puentes negociadores para poner fin a la alargada interinidad del CGPJ. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el 'número dos' del PP, Teodoro García Egea, son muy conscientes del desgaste que provoca el bloqueo y tratan de allanar ahora el camino aprovechando la «buena sintonía» que han dejado los términos globales del acuerdo en el Tribunal Constitucional, según comentan fuentes jurídicas.
1.062días lleva en funciones el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato venció el 4 de diciembre de 2018. Desde marzo, además, no tiene competencia para cubrir las plazas vacantes de altos cargos.
Ambos aceptaron sin matices los cuatro nombres propuestos para renovar un tercio de la corte de garantías. Bolaños cedió para que su interlocutor se decantara por un jurista tan significado como el catedrático Enrique Arnaldo, colaborador de la fundación FAES, o la magistrada Concepción Espejel. Esta juez fue recusada para juzgar el 'caso Gürtel', cuya condena en la pieza principal motivó la moción de censura contra Mariano Rajoy, porque su imparcialidad estaba comprometida por su cercanía al PP. Ayer, Pedro Sánchez dejó claro que el PSOE «se hace responsable de sus candidatos», al ser preguntado por las informaciones sobre supuestos contratos de Arnaldo con administraciones gobernadas con el PP y sus contactos con el exministro Jaume Matas.
Por su parte, García Egea no puso reparos a la magistrada Inmaculada Montalbán ni al juez Ramón Sáez Valcárcel, una elección que se atribuye directamente Unidas Podemos como socio de coalición en el Gobierno.
Y es que la presencia del grupo parlamentario confederal en la ecuación para elegir a 12 de los 20 vocales del Consejo se ha marcado como una de las líneas rojas del PP en esta negociación. Sin embargo, se da por hecho que en esta nueva ventana de oportunidad se ha eliminado este obstáculo y las discrepancias solo se darían en los nombres.
Las fuentes consultadas reiteran que los populares no van a aceptar la presencia de uno de los dos jueces que decantó la sentencia de 'Gürtel' y redactó las referencias al partido y a Rajoy: José Ricardo de Prada. Tampoco de la magistrada en excedencia Victoria Rosell, exdiputada de Podemos y actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género.
El PP, en cambio, sí estaría dispuesto a aceptar la renovación del CGPJ con el actual sistema de nombramiento e, incluso, admitir que el PSOE debe tener mayoría simple en la designación de vocales por su actual representación parlamentaria.
No obstante, para justificar su relato sobre la necesidad de despolitizar el Consejo, García Egea quiere garantías de que los socialistas reformarán en esta legislatura o a apoyarán en la siguiente la modificación de Ley Orgánica del Poder Judicial para que, al menos, los jueces elijan a la mitad de sus pares (diez de los 20 vocales), como reclaman las asociaciones judiciales y las instituciones europeas.
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