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Alberto Surio
Martes, 2 de mayo 2023, 13:08
El Partido Socialista va a suspender cautelarmente de militancia a la exalcaldesa de Lasarte-Oria, Ana Urchueguía, tras admitir esta una serie de delitos de prevaricación y malversación de fondos, sin enriquecimiento personal, en un pacto alcanzado con la Fiscalía, por el llamado 'caso Somoto' ... que investigaba desde hace una década irregularidades en la concesión de los fondos de cooperación entre la localidad guipuzcoana y este municipio nicaragüense. El pacto debe ser visado en una vista oral, que evitará la prisión, y supone la aplicación de la última reforma del Código Penal. El PSE de Gipuzkoa ha comunicado esta decisión a la dirección federal del partido, en la que Urchuegía militaba desde hace 41 años.
El acuerdo entre Urchueguia -alcaldesa socialista de Lasarte-Oria entre 1986 y 2010- y la Fiscalía reconoce que cometió entre 2000 y 2009 delitos «continuados» de prevaricación y malversación de caudales públicos por las irregularidades en los fondos municipales dirigidos a proyectos de cooperación en Somoto (Nicaragua), municipio con el que está hermanada la localidad guipuzcoana. En particular, el escrito menciona a 81 expedientes «al margen y prescindiendo del procedimiento legal» de concesión de subvenciones y a otros 39 caso, así como deesviaciones de fondos respecto a sus destinados inicialmente planteados.
Según este pacto -logrado por Urchueguía con la Fiscalía y con las otras dos acusaciones personadas en la investigación penal abierta en un juzgado de San Sebastián desde 2015- a cambio de su confesión, evitará el juicio y la cárcel: la exalcaldesa será condenada, una vez que el pacto sea acuerdo sea visado por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, a 18 años totales de inhabilitación y a una multa simbólica de 2.160 euros. Las acusaciones en el caso eran el exalcalde de Lasarte-Oria, Patxi Barrio, de EH Bildu, y el propio Ayuntamiento, que en este momento está regido por el socialista Agustín Valdivia, que aspira a la reelección.
El pacto alcanzado por todas las partes recoge de forma expresa que se aplica el delito de malversación de acuerdo con la última reforma del Código Penal aprobada por las Cortes a finales de 2022 en su artículo 433, de manera que se evita la pena de prisión porque «no se ha probado que doña Ana Urchueguia se apropiara de cantidades destinadas a las subvenciones» y que se beneficiara en ese sentido para un enriquecimiento ilícito, o que las «múltiples desviaciones» de dinero público generaran «daños o entorpecimientos graves al servicios al que estuvieren consignadas». La prevaricación, que supone la adopción de medidas administrativas injustas a sabiendas de que lo son, nunca ha llevado asociada la pena de prisión.
El caso de Urchueguia salió a la luz públics hace ya más de una década, cuando afloraron denuncias por los vínculos entre Lasarte-Oria y el municipio nicaragüense de Sokoto y surgieron informes internos de la Intervención municipal que advertían de algunas anomalías de gestión en una competencia que la alcaldesa se había arrogado en exclusiva en 2000.
Urchueguía tiene 71 años y está totalmente fuera de la política. Fue también juntera por Gipuzkoa, senadora, exdelegada del Gobierno Vasco en Chile y Perú con el lehendakari Patxi López y concejal de Hernani al inicio de la Transición hasta la constitución de Lasarte-Oria como municipio independiente.
Los socialistas de Lasarte-Oria han emitido este martes por la mañana un comunicado en el que manifiesta su «máxima respeto» a las decisiones judiciales. «En todo momento ha sido interés del PSE-EE esclarecer las posibles dudas existentes en relación a la cooperación que el Ayuntamiento de Lasarte-Oria mantuvo entre 2000 y 2008 con el pueblo de Somoto en Nicaragua». El PSE relata que el 1 de marzo de 2010, Urchueguía dimitió de alcaldesa de Lasarte-Oria y recuerda que, a partir de ese momento, el gobierno socialista del Ayuntamiento liderado por Jesus Zaballos, que asumió la alcaldía el 5 de marzo de 2010, contrató una auditoría externa con la empresa Deloitte para su fiscalización y constituyó una comisión de investigación donde se aprobaron unas conclusiones que reconocían haberse producido diversas irregulares administrativas durante dicha gestión. «Durante los cuatro años en los que el PSE-EE estuvo en la oposición, 2011-2015, en todo momento instó al gobierno municipal de Bildu, PNV y Plataforma Ciudadana a que interpusiera una demanda al respecto, algo que hicieron a escasos meses de las elecciones municipales de 2015. No ha habido apropiación de dinero público», asegura el PSE. «Sin quitar importancia a la gravedad de los hechos enjuiciados, el PSE-EE de Lasarte-Oria quiere destacar que en el acuerdo se señala expresamente que Ana Urchueguía no se apropió de cantidades destinadas a las subvenciones y tampoco las desviaciones de dinero público generaron daños o entorpecimientos graves al servicio al que estuvieren consignadas ya que fueron empleadas en Somoto», señalan. El PSE aclara en su nota que, hasta el día de hoy, su posición ha sido «no obstaculizar» el procedimiento judicial en marcha para que «en ningún momento se pudiera dudar de nuestra actuación en todo el proceso». Por ese motivo, tras el acuerdo alcanzado entre todas las partes, «desde el PSE-EE damos por finalizado un antiguo litigio de 2008 y mantenemos nuestro compromiso de seguir dotando al Ayuntamiento de Lasarte-Oria de las herramientas suficientes para que este tipo de irregularidades no se vuelvan a producir».
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