El PSE asumirá las políticas de Memoria y por primera vez Prisiones

La decisión de que el PSE asuma estos temas tiene un profundo valor simbólico y político. Los socialistas siempre han considerado que es fundamental construir un relato que refuerce la deslegitimación del terrorismo de forma rotunda, algo que ya hicieron con Patxi López como lehendakari. Sin rechazar el trabajo realizado durante los últimos años por sus socios del PNV, sí consideran que se puede avanzar más en ese camino y reforzar los valores democráticos.

Del nuevo departamento, cuya titular -será una mujer- no se sabrá hasta dentro de unas horas, dependerá Gogora, el instituto dirigido hasta ahora por Aintzane Ezenarro, cuya salida de la entidad se da por hecha. Se trata, en realidad, de un viejo objetivo de los socialistas, pero que tiene como contrapartida asumir también una materia de complicada gestión y que tanto jeltzales como socialistas definen en privado como una auténtica «patata caliente».

La transferencia de Prisiones llegó a manos de la administración vasca en otoño de 2021. Desde entonces, el Gobierno autonómico es el responsable de tres centros -Zaballa, Basauri y Martutene-, de una población reclusa de más de 1.600 personas -con un incremento constante en los últimos años- y de algo más de 600 funcionarios. La cárcel guipuzcoana está a punto de cerrarse. La previsión es que los presos sean trasladados al nuevo centro que se está construyendo en San Sebastián a principios del año que viene.

El escenario que tendrá por delante la persona que esté al frente de la consejería es, por decirlo suavemente, complicado. Durante los últimos meses ha aumentado la conflictividad interna y se sigue negociando la relación de puestos de trabajo para poder hacer una oposición que permita ampliar la plantilla y que todavía se ve lejana.

Pero más allá de lo práctico, asumir Prisiones supone todo un reto político porque de este departamento depende la gestión de los terceros grados a los presos. Incluidos los de ETA. En estos momentos, hay alrededor de 120 reclusos de la banda en Euskadi. Tras el fin de la dispersión, prácticamente todos, salvo media docena que está en Navarra y una cantidad similar en Francia. De ellos, más una veintena cumplen condena en casa tras haberles sido concedido el tercer grado.

Es ahí donde previsiblemente estallarán las principales tormentas para el PSE. Y algunas llegarán a Madrid. Durante los últimos años, la concesión de esas progresiones por parte del Ejecutivo vasco ha generado importantes polémicas. La Audiencia Nacional ha revocado varias de ellas al considerar que los etarras no habían justificado de forma clara su arrepentimiento por el daño causado y los colectivos de víctimas también han venido acusando al departamento liderado en un primer momento por Beatriz Artolazabal y luego por Melgosa de ser demasiado flexible.

Los terceros grados también han sido utilizados por la oposición en el Congreso -especialmente PP y Vox- para cargar contra Pedro Sánchez, al considerar que forman parte de un supuesto pago a EH Bildu para que le apoye en el Congreso. Ahora, todo ese esquema da un vuelco porque serán los propios socialistas los que tendrán que rendir cuentas, porque es probable que la tensión en Madrid aumente y porque habrá que ver hasta qué punto las decisiones y los pasos que den los socialistas condicionan sus relaciones con la izquierda abertzale.

Los responsables del PSE tendrán que decidir, de hecho, no solo quién está al frente de la consejería, sino todo su equipo. Como desveló este periódico hace varias semanas, el exjuez Jaime Tapia, que ha ejercido como asesor de Prisiones con categoría de viceconsejero, se jubila. Él ha sido la persona que en los últimos años ha llevado el peso de la concesión de esos terceros grados. Igualmente, también tendrá que dar un paso atrás el actual viceconsejero de Derechos Humanos y Memoria, José Antonio Rodríguez Ranz.

Los socialistas tendrán a su vez el encargo de liderar Justicia, un área que ya llevaron entre 2016 y 2020 de la mano de María Jesús San José. En este caso, el horizonte está más calmado. Los principales colectivos profesionales admiten que el trabajo desarrollado en los últimos años por el equipo de Melgosa ha sido satisfactorio en lo que se refiere a sus competencias.