¿Propósito de enmienda?

Así que digámoslo claro desde ya: en España ni hay un complot para amordazar al Parlamento, secuestrar al Constitucional y atropellar la democracia, como sostuvo Sánchez en Bruselas (la misma sede de las instituciones europeas que ayer alertó sobre los peligros de los atajos legislativos en democracia), ni se están poniendo los cimientos de una república bolivariana, como alertó el popular Alfonso Fernández Mañueco. Tampoco, por supuesto, está dando nadie un golpe de Estado, ni duro ni blando, ni hay jueces «atrincherados» en el Constitucional sino magistrados que no han sido sustituidos cuando tocaba por la vergonzante apropiación política de los órganos judiciales, tanto el gubernativo (CGPJ) como el que vela por las garantías (TC).

En España lo que sucede, muy resumidamente, es que los partidos han interiorizado que el Poder Judicial es una extensión del poder político, la razón por la que el PP se ha negado a renovar el Consejo, caducado desde hace cuatro años, a la espera de reverdecer laureles en las urnas y consolidar la llamada mayoría conservadora. La misma razón por la que PSOE y Podemos han maniobrado con reformas y contrarreformas, unas retiradas por la presión de la UE, otras paralizadas como la que ha desatado el escándalo. El uso y abuso de figuras como el decreto ley y, ahora, las enmiendas extemporáneas para hurtar el debate y aligerar los plazos, o legislar al dictado de los intereses de los independentistas tampoco ayudan.

Pero, llegados a este punto, alguien ha dado la orden, en Génova y en Ferraz, de rebajar las hipérboles ante los riesgos de que una vez ha sucedido «lo imposible» (en palabras del jeltzale Aitor Esteban, inspirado por la peli de Bayona), seguir alimentando la confrontación pueda resultar contraproducente.

El anuncio de que la reforma se tramitará finalmente como proposición de ley (aunque otra vez por la vía de urgencia, se insiste en el vicio) y la aclaración de que se acatará la decisión del TC (¿desde cuándo eso es noticia?) van por ese camino. Las llamadas de Feijóo a sofocar la escalada verbal tienen que ver con la evidencia de que, en un asunto tan politizado, tan alejado de las preocupaciones diarias de los electores, solo pueden verse beneficiados los partidos a los que votan los muy cafeteros. O sea, Vox. En España, la pugna entre PSOE y PP se va a seguir disputando en ese terreno dubitativo y puede que indiferente a estas diatribas del centroizquierda y centroderecha. El problema es que los movimientos de los partidos no están guiados precisamente por el propósito de enmienda sino por el cálculo electoral que promete hacer irrespirable el año que queda hasta las generales.