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La AVT quiere que «la humillación a las víctimas» se convierta en la principal herramienta jurídica para perseguir los 'ongi etorris' ante las limitaciones judiciales ... que se han dado hasta el momento. Se trata de un principio que ya está incorporado en el Código Penal en su artículo 578. El problema es que está incluido en el mismo epígrafe que el «enaltecimiento del terrorismo» y tras el fin de ETA los jueces anteponen este concepto, sostienen que ya no hay peligro de un rebrote del terrorismo y enmarcan los recibimientos a expresos en la libertad de expresión. El objetivo de la AVT, básicamente, es crear un delito «autónomo» de «humillación a las víctimas» para impedir estos actos.
La AVT quiere aprovechar el periodo de alegaciones abierto en el Congreso para reformar el Código Penal para introducir su propuesta, que ha remitido a todos los grupos a excepción de EH Bildu, porque «no puede ser tratado como un agente político más».
«Los homenajes a terroristas en las calles del País Vasco y Navarra, contra los que parece que nada se puede hacer o nadie se quiere responsabilizar, son aberraciones que jamás nos cansaremos de denunciar y que nunca vamos a dejar de perseguir», valoran desde la AVT.
La principal asociación de damnificados considera que «es una buena oportunidad» para que los diferentes grupos parlamentarios apoyen a las víctimas del terrorismo en esta reivindicación. «Ahora sí va a quedar claro quién está con las víctimas del terrorismo y quién está con sus verdugos», declararon desde la entidad presidida por Maite Araluce.
El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, apuntó hace unos meses que es necesario incorporar un «nuevo régimen sancionador» a la normativa actual para frenar unos homenajes «incompatibles con la dignidad de las víctimas», una medida que están analizando los servicios jurídicos del Gobierno.
Una de las últimas tormentas políticas se desató con la convocatoria para mediados de septiembre de un acto de apoyo a Henri Parot. La Delegación del Gobierno en el País Vasco recurrió ante la Fiscalía, pero se demostró el escaso recorrido jurídico de la medida. La presión social hizo que al final el acto no se celebrase, aunque eso no evitó que hubiese incidentes en Mondragón.
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