El PNV prioriza el blindaje de las competencias, aunque mantiene el derecho a decidir

La propuesta jeltzale busca que el cumplimiento del Estatuto no vuelva a depender de las circunstancias políticas o de las necesidades aritméticas del Gobierno central de turno y propone que la nueva ley fundamental vasca establezca no solo el listado de competencias que corresponden a Euskadi sino las garantías de su cumplimiento y que, en el plazo de tres meses a partir de su aprobación, se cierre un «traspaso único y definitivo de los medios y servicios públicos que se estimen de común acuerdo para asumir el nuevo Estatus Político definitivamente». «El sistema no precisará de ningún otro proceso transferencial en el futuro», precisa la propuesta de Sabin Etxea. A partir de ahí, se introduce el nuevo concepto de «competencia concertada» y una nueva Comisión Mixta del Concierto Político para «objetivar de manera pactada las condiciones en las que ambas partes ejercerán sus respactivas» materias.

El derecho a decidir, el gran caballo de batalla de la reforma del Estatuto, está incluido en la propuesta jeltzale aunque no es, ni mucho menos, su elemento central. Se introduce además, en todo momento, no como un objetivo abstracto, sino como un derecho cuyo ejercicio debería ejercerse de manera pactada. Según subrayan fuentes del PNV, la propia voluntad de los vascos de dotarse ahora de un nuevo estatus a través del ejercicio de los derechos históricos supone poner en práctica esa capacidad de decisión. «La pauta básica que debe guiar a los redactores del texto deberá descansar, por igual, sobre la tradición pactista que ha servido de inspiración a la organización política de los territorios vascos desde la etapa foral y sobre los requerimientos de la moderna sociedad democrática, que no concibe una fórmula de convivencia política que no cuente con el refrendo de la ciudadanía», apuntan.

En cualquier caso, el PNV precisa que el nuevo estatus que plantea se basa en la «no ruptura» y en el asentamiento de un nuevo «acuerdo convivencial» dentro «del Estado español» basado en los conceptos de la «interdependencia» y la «codecisión». En definitiva, una nueva apelación a la soberanía compartida que ha venido defendiendo el lehendakari Urkullu, cuya doctrina impregna de principio a fin el documento.

El documento jeltzale, que promueve también el reconocimiento de la «identidad nacional» vasca, la participación efectiva en los procesos de toma de decisiones en la UE y que el Tribunal Superior vasco sea la última instancia judicial, se mueve en un terreno pragmático y posibilista, encaminado a evitar que el texto reciba un portazo de Madrid o sea recurrido a las primeras de cambio ante el Constitucional. En ese sentido, desaparece de la propuesta peneuvista la ‘consulta habilitante’ que defendió en enero de 2016, un referéndum previo al debate del nuevo Estatuto en las Cortes Generales que no está contemplado por la legalidad vigente. Su desaparición, que el PNV justifica porque ahora se piden contenidos y no metodología, implica en realidad remover un obstáculo fundamental, ya que el único referéndum sería el de ratificación previsto en la propia Carta de Gernika.

La ponencia de autogobierno del Parlamento vasco ha recibido las aportaciones de todos los grupos en la reunión que se celebró este miércoles, en la que se ha acordado que la coordinadora de este órgano, la jeltzale Jone Berriozabal, asuma la responsabilidad de sintetizar los «consensos y disensos» que se detecten en los documentos de todos los partidos para la reforma estatutaria

Joseba Egibar (PNV) ha asegurado que la reforma que plantea su partido es «perfectamente legal» y toma como «engarce» la disposición adicional de la Constitución que ampara los derechos históricos de los territorios forales vascos. Aunque define al «pueblo vasco como sujeto político» y contempla en «derecho a decidir», el documento presentado hoy por el PNV no incluye ninguna alusión a la consulta habilitante. Según Egibar, no porque se renuncie a ella, sino porque corresponderá hacer referencia a ella cuando se redacte el texto articulado del nuevo estatus.

Maddalen Iriarte (EH Bildu) ha acogido bien la aportación del PNV, aunque ha pedido a los jeltzales que «no den ni un paso atrás en la defensa del derecho a decidir y en su propuesta para celebrar una consulta habilitante» previa a la negociación del nuevo estatus con el Estado. En cualquier caso, se ha mostrado «optimista» ante la actitud mostrada por el PNV.

Lander Martínez (Elkarrekin Podemos) ha aplaudido que los grupos hayan «abandonado los maximalismos» para favorecer el debate en la ponencia, lo que ha definido como «un tímido paso adelante» que también le hace ver con optimismo las posibilidades de acuerdo.

José Antonio Pastor (PSE-EE) ha destacado que existe «una amplia coincidencia en la necesidad de actualizar el autogobierno y garantizar loa derechos sociales», pero ha advertido que toda la reforma «tiene que ser legal», por lo que ha recomendado no caer en «ejercicios de voluntarismo político» como introducir el derecho a decidir. «Un Estatuto no puede modificar la Constitución», ha recordado.

El más crítico con el desarrollo de la ponencia ha sido Borja Sémper (PP), que se ha mostrado «seriamente preocupado» con la propuesta del PNV, «que incluye el derecho de autodeterminación y puede llevar a Euskadi a escenarios de división e incertidumbre como Cataluña». Sémper ha pedido al lehendakari que «intervenga para detener este despropósito».