Los problemas se le acumulan a Iglesias en plena pugna por el Poder Judicial

El principal frente legal de Podemos es el conocido 'caso Dina', una de las piezas de la macrocausa sobre el excomisario José Manuel Villarejo. En esta parcela el giro de los acontecimientos ha sido radical. La formación morada hizo bandera electoral del supuesto robo del móvil de Bousselham, exasesora de Iglesias, como presunta prueba de la existencia de las «cloacas del Estado». Ahora los cambios en la versión de la afectada y las crecientes sospechas de «montaje», según ha denunciado un exabogado de la formación, han dado la vuelta a la tortilla y el asunto incomoda en el seno del partido. El propio líder y actual vicepresidente del Gobierno está envuelto en la polémica y la investigación comienza a estrechar el cerco sobre él.

La Justicia apunta ahora también a las cuentas del partido y a otros aspectos organizativos. En concreto, otro de los quebraderos de cabeza se sitúa en La Rioja, con sospechas de pucherazo en las primarias internas. La candidatura de la crítica Sara Carreño, derrotada por solamente 17 votos de diferencia, ha llevado a los tribunales las supuestas irregularidades en las votaciones. Los demandantes señalan hacia la desaparición de once votos y a la emisión de otros trece desde una misma IP, entre los cuales se encontraba el de una de las integrantes de la plancha ganadora. El anterior proceso de primarias en esa comunidad también acabó en los juzgados.

Los embrollos judiciales de Podemos, maximizados tras la imputación de tres altos cargos del partido, llegan en el momento en el que la formación desea dar un importante paso cualitativo en sus cuotas de poder y sentar a afines en el gobierno de los jueces. En las últimas semanas PSOE y PP han acelerado las negociaciones para la renovación pendiente del CGPJ, y la formación morada, siempre crítica con la «politización» de la Justicia, quiere sacar tajada de su participación en el Gobierno. En principio, los socialistas conseguirán diez u once de los veinte asientos y se da por hecho que cederán alguno a Podemos. Serán al menos dos, pero Iglesias quiere aumentar el botín hasta los cuatro. Los populares, por su parte, no quieren prestar sillas a Vox, mientras que Ciudadanos se ha desmarcado del reparto.

La manifiesta intención de los morados por irrumpir en el órgano de gobierno del Poder Judicial se da solo unos meses después de la cruzada que mantuvieron los propios magistrados del CGPJ e Iglesias a cuenta de la condena contra su compañera Isa Serra. El vicepresidente segundo sostuvo en Twitter que el fallo creaba «una enorme sensación de injusticia», unas declaraciones en las que se reafirmó desde la sala de prensa de La Moncloa. Los magistrados del CGPJ respondieron de inmediato con un comunicado en el que rechazaron esas críticas por «generar una sospecha inaceptable» sobre la independencia e imparcialidad de los tribunales.