Los principales acusados del 'caso De Miguel' negocian que sus parejas no entren en prisión

Como ha informado este periódico desde el pasado viernes, acusación y defensas vienen negociando una condena de conformidad, con penas a la baja. En un principio las defensas pretendían que el castigo no implicara la entrada en prisión de ninguno de los imputados. La Fiscalía, que está dispuesta a rebajar sensiblemente su petición inicial -para De Miguel solicitaba más de 54 años-, entiende, según las fuentes consultadas, que los principales responsables de la presunta trama deben, al menos, permanecer una temporada entre rejas, por corto que pueda ser ese periodo.

Es en este punto donde sobre la mesa ha aparecido otra variante: la situación procesal de las parejas de De Miguel, Tellería y Ochandiano. Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu-Urrutia se exponen a penas de entre 30 y 21 años de reclusión. Entre las opciones que se están barajando figura que acepten penas, ellas sí, que queden por debajo de los dos años y que no supongan su entrada en la cárcel.

La supuesta trama corrupta, destapada en 2010, ha evidenciado fuertes lazos familiares y de amistad entre un buen número de los 26 imputados por formar parte de una presunta red que, según la acusación, cobraba comisiones a cambio de la adjudicación de trabajos. En el banquillo de los acusados se sientan desde enero matrimonios, padres, hijos, hermanos y amigos más o menos conocidos.

Manuel Pedreira, 'número dos' de Josu Izaguirre en el Ministerio Público alavés, es la persona encargada de dirigir las negociaciones. Y sobre la mesa figura ya la posibilidad de que las parejas de los principales acusados vean cómo, a pesar de ser condenadas y reconocer los cargos contra ellas, no tengan la obligación de ingresar en prisión.

Un supuesto que se debería resolver la próxima semana. El tribunal encabezado por el juez Jaime Tapia ha dado de plazo hasta el lunes 1 de octubre para que las partes alcancen un acuerdo antes de reanudar la vista oral. Diversas fuentes dudan de que se pueda llegar a alcanzar un pacto con los 26 procesados para esa fecha, aunque otras advierten de que, de alcanzarse algún tipo de entendimiento con los cabecillas de la presunta trama, podría no firmarse hasta «minutos antes» de la sesión del 1 de octubre. «Es un tema muy complicado» , confesaba ayer un abogado.

Sea como fuere, la Fiscalía ya ha hecho llegar a las defensas que cualquier pacto pasa por que los imputados reconozcan algunos de los delitos cuando tengan que declarar ante el tribunal. El Ministerio Público se aseguraría, de esta manera, dar un golpe de efecto, al asegurarse una confesión en pleno juicio. Las declaraciones podrían prolongarse, además, durante días.

Al menos cuatro de los 26 procesados han transmitido ya a la Fiscalía que no están dispuestos a pactar una condena porque están convencidos de su absolución. Entre ellos figuran el que fuera viceconsejero de Cultura con Juan José Ibarretxe Gurutz Larrañaga -piden para él 17 años- y la exalcaldesa de Zambrana Justy Angulo. La complejidad de las negociaciones ha quedado de manifiesto durante esta semana, en la que los contactos se han multiplicado con todos los abogados de las diferentes defensas, después de que hasta este lunes el principal letrado negociador fuera Gonzalo Susaeta, que representa en la causa a Alfredo de Miguel.

Los contactos se multiplicarán en los próximos días, en busca de una conformidad con la que poner punto final al mayor proceso por corrupción instruido en el País Vasco y que afecta, por vez primera, a altos dirigentes del PNV, dispuestos por el momento a aceptar una condena para mitigar las penas.