Presos de ETA en Navarra piden su traslado a Euskadi porque creen más fácil lograr beneficios

Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018, el acercamiento de presos de ETA a cárceles de Euskadi y Navarra ha sido constante. De facto, la dispersión ha desaparecido. Un centenar de ellos ya cumple su condena en las dos comunidades. Los tres más alejados están en Estremera (Madrid). A pesar de ello, los familiares mantienen que debe producirse un acercamiento total y que la legislación permite mejorar sus condiciones a través de permisos o progresiones de grado. Una denuncia a la que ayer se sumaron Sare y Etxerat.

Los dos colectivos pusieron el foco en la prisión de Pamplona, un centro, señalaron, en el que en estos momentos hay siete miembros de la banda. Según sus datos, no se está adoptando «la más mínima actitud proactiva», se observan «retrocesos» y se sigue «sin acordar propuestas favorables ante cada petición de permisos por parte de los presos». Y sin ese aval, lograr que el juzgado dé el visto bueno es imposible.

Una «posición inmovilista» que, añaden Etxerat y Sare, supone «una línea de actuación totalmente divergente con la que se mantiene en las prisiones gestionadas por el Gobierno vasco». Basauri, Zaballa y Martutene están desde el pasado octubre en manos del Ejecutivo de coalición PNV-PSE liderado por Iñigo Urkullu, mientras que la de Navarra sigue siendo administrada por el Ministerio del Interior.

La concesión de los beneficios penitenciarios o las progresiones de grado recae en última instancia en los jueces, pero la política diseñada por cada administración es clave porque sirve para allanar el camino. En el caso de Euskadi, tiene un papel central el exjuez de la Audiencia de Álava Jaime Tapia, fichado por la consejera Beatriz Artolazabal como asesor en política penitenciaria.

El Departamento de Justicia ha insistido desde el principio en que uno de los puntos claves de su gestión es la justicia restaurativa con el objetivo declarado de facilitar la resocialización del interno. Y eso pasa por dar luz verde a permisos y progresiones de grado si se dan las condiciones que exige la ley. ¿Cuál es la diferencia? Que la normativa da pie a interpretaciones y unas pueden ser más o menos flexibles.

Y las que estaría realizando el Ejecutivo vasco permitirían una lectura más favorable a las tesis de los presos. Según Etxerat y Sare, la «cerrazón» que hay en Pamplona «resulta tan insostenible» que «todos los presos y presas originarios de la Comunidad Autónoma Vasca que fueron destinados» a la cárcel de Pamplona «inicialmente han acabado pidiendo el traslado» a Zaballa y Martutene «porque en la cárcel navarra no tenían ninguna esperanza de progresar en la vía penitenciaria». La mayoría de las progresiones de grado concedidas por el Gobierno vasco, en todo caso, han obtenido el aval de los jueces.

La flexibilización de las condenas es el último gran caballo de batalla de la izquierda abertzale. De ahí que la presión va oscilando en función de dónde se cree que está el mayor obstáculo. A finales del año pasado se trasladó la necesidad de que hubiese cambios en la Fiscalía de la Audiencia Nacional para frenar la cascada de recursos que se estaban planteando y que frenaban las progresiones de grado. En el punto de mira también se puso a la Sala de lo Penal del tribunal.

Y ahí sí que ha habido cambios. La doctrina que se había fijado establecía que para que un preso etarra pudiese obtener el tercer grado debía expresar un perdón explícito a las víctimas. Pero el juez José Ricardo de Prada, recientemente incorporado a la Sección Primera, sentenció hace unos días que no es así y concedió un permiso a un recluso. Ante los ataques verbales sufridos, Jueces para la Democracia ha pedido al Consejo General del Poder Judicial que ampare al magistrado.