El presidente ya ha colocado a todos los ministros que cayeron en julio

Los ejemplos más sonados, sobre todo por su enorme impacto político, fueron los de la todopoderosa vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el del entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. La primera se ha ido sin hacer ni ruido ni sangre. Lo de Ábalos es muy diferente. La soledad que sufrió en su despedida es la mejor metáfora de lo que ha terminado por convertirse, tanto para el presidente como para el partido cuyo aparato dominó.

Pese a todo, no han salido tan mal parado. Ni la una ni el otro. Ambos siguen en el Congreso como diputados rasos y, además, presiden dos comisiones parlamentarias (Ábalos, Interior; y Calvo, Igualdad) que les reporta un importante plus a final de mes (1.551,58 euros a sumar al sueldo base de 3.050,62 mensuales).

Quizá la salida más inesperada de las producidas aquel día 10 fue la del ministro de Justicia, José Manuel Campo, que como desvelaron fuentes de su entorno, no se tomó nada bien la decisión del presidente después de haberse implicado a fondo en la concesión de los polémicos indultos a los líderes del 'procés' por orden de La Moncloa. Fue uno de los primeros 'caídos' en mover ficha y el 17 de septiembre se reincorporó a su plaza de magistrado en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El que se ha ido con menos ruido y con una mochila menos cargada es José Manuel Rodríguez Uribes, quien fue ministro de Cultura y Deportes, y desde el pasado 22 de octubre embajador delegado permanente de España en la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Los otros dos casos son radicalmente diferentes a estos porque sus protagonistas nada tienen que ver con la política. Forman parte de ese 'rara avis' de «profesionales de prestigio» que acceden a hacer sus pinitos en esto de la cosa pública pese a ganar bastante menos dinero. Además del laureado astronauta de la Agencia Espacial Europea Pedro Duque, la otra 'sacrificada' fue la vasca Arancha González Laya, una reputada jurista internacional que desempeñaba la dirección ejecutiva del Centro de Comercio Internacional de Naciones Unidas cuando fue fichada para liderar el Ministerio de Asuntos Exteriores.

La polémica llegada a España del líder del Frente Polisario Brahim Gali y la posterior crisis desatada por Marruecos marcó su mandato hasta el punto de que sigue imputada en un juzgado de Zaragoza. El 17 de septiembre fue designada por la Comisión Europea para presidir el grupo de Sabios sobre el Futuro de la Unión Aduanera de la UE.