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Lorena gil
Lunes, 11 de febrero 2019, 01:00
¿Cuántas veces ha escuchado aquella frase de 'los siete de Lledoners'? La prisión de Barcelona se ha convertido en la más conocida de España, como también lo son los presos del 'procés'. Pero, ¿y ellas? Son dos las políticas catalanas que siguen en prisión ... provisional encarceladas desde hace muchos meses: Carme Forcadell y Dolors Bassa. La primera, expresidenta del Parlamento de Cataluña. La segunda, ex consejera de Trabajo y Asuntos Sociales. Ahí es nada. A ellas se suma una tercera, la ex consejera de Gobernación Meritxell Borràs, en libertad bajo fianza tras permanecer dos meses en prisión. Sus nombres pocas veces -por no decir casi nunca- ocupan los grandes titulares. Han sido eclipsados por los de sus compañeros. Tampoco reciben las mediáticas visitas de los principales líderes políticos del país, incluidos los vascos. ¿Son las presas las grandes olvidadas?
El caso más curioso es el de Forcadell. La que fuera presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) durante cuatro años se convirtió en una defensora de la estrategia del independentismo en la Cámara legislativa desde su designación tras las elecciones autonómicas de 2015, en las que concurrió como 'número dos' de la lista de Junts Pel Sí. La Fiscalía solicita para ella 17 años de prisión -una de las penas más elevadas-, mientras que la Abogacía del Estado reduce la petición a 10 años. El juez le atribuye una participación «medular», tanto en la aprobación de la «legislación de soporte» que sirvió de «coartada» del 'procés', en contra de las resoluciones del Tribunal Constitucional, como arengando a la movilización.
Su rostro era uno de los más visibles del independentismo. Con acento en 'era'. Tanto ella como la exconsejera Bassa fueron encarceladas en un primer momento en Alcalá Meco -allí han vuelto a la espera de que arranque mañana el juicio-, junto con otras 700 internas. En dicho penal recibieron la visita de Quim Torra en el que fue su primer acto como president. Curiosamente, le valió un tirón de orejas. Tanto Forcadell como Bassa manifestaron a Torra que les habría gustado un Govern «más paritario» -solo hay dos mujeres en su equipo-. De Madrid fueron trasladadas a cárceles catalanas. No, no fue a Lledoners. La expresidenta del Parlament acabó en la prisión de Mas d'Enric, en El Catllar. Mientras que la exconsejera de Trabajo, acusada de rebelión y malversación, se quedó en Puig de les Basses (Figueres) -Forcadell también estuvo allí un tiempo-.
Su protagonismo de otrora, sobre todo el de Forcadell, se fue apagando. Hay quienes dicen que por voluntad propia. Que son ellas quienes han dado un paso atrás y han preferido tener un papel discreto. Otros, que sus compañeros han copado toda la escena mediática, con el 'apoyo' del huido Carles Puigdemont. De las otras políticas catalanas procesadas -están en libertad- o de las que como el expresident se fueron de España, entre las que figura Marta Rovira, nada se ha vuelto a saber.
A principios de enero, Dolors Bassa sorprendió con unas declaraciones desde prisión. Hizo un llamamiento a salvar la legislatura de Pedro Sánchez, pendiente de aprobar sus Presupuestos. «No podemos dejarle caer. La alternativa es mucho peor con el PP, Ciudadanos y la extrema derecha», advirtió. Un mensaje claro a sus compañeros de Junts pel Sí. Y otro a navegantes: ellas también están ahí, no solo los 'siete de Lledoners'.
Más de 400 alcaldes catalanes han firmado un manifiesto en el que exigen que el juicio sobre el 'procés' sea «justo e imparcial» y que se ponga en libertad a los políticos encarcelados. El comunicado, leído ayer en un acto celebrado en el Ayuntamiento de Barcelona, contó con el apoyo de regidores de los partidos independentistas -PDeCAT, ERC y CUP-, pero también de los 'comuns' e incluso del PSC. En una semana marcada por las polémicas conversaciones entre La Moncloa y la Generalitat, fueron tres los alcaldes socialistas que rubricaron un texto para reivindicar «una solución política y democrática al conflicto entre Cataluña y España a través del diálogo sin condiciones».
El manifiesto, impulsado por la Asociación Catalana de Municipios, considera que el Gobierno central ha llevado a cabo una «aplicación forzosa y desproporcionada del derecho penal» desde el referéndum ilegal del 1-O y califica el encarcelamiento de los líderes políticos y civiles del 'procés' como «una grave vulneración de los derechos y las libertades de la ciudadanía». En el documento incluso se habla de unas acusaciones «infundadas y claramente desproporcionadas», en referencia a las peticiones de pena de Fiscalía, Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox.
Así, los alcaldes firmantes, que representan prácticamente a la mitad de ayuntamientos de la comunidad autónoma, se solidarizan con los presos y sus familias porque «poner urnas no es ningún delito» y censuran que se busque «un efecto disuasorio de determinadas posiciones políticas en el futuro». El texto también reclama que se garantice el derecho a decidir el futuro de Cataluña y llama a la ciudadanía a «responder de una manera pacífica y firme en defensa de los valores democráticos amenazados y el ejercicio de los derechos fundamentales».
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