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Si no fuera por el bloqueo en la política catalana –tan pendientes todos del penúltimo capricho del líder virtual y sin embargo prófugo, Carles Puigdemont– la reunión que la ponencia de Autogobierno celebrará pasado mañana miércoles en el Parlamento vasco no habría puesto ... en guardia a la opinión pública vasca. El debate se prevé largo y por fases. Un primer dictamen que englobará, sin duda, los votos particulares de los discrepantes. Y, a partir de ahí, la polémica que se inició hace ya seis años podrá parecer eterna. Hasta el punto de que el lehendakari Urkullu, si la ponencia encalla o naufraga, no pueda presentar el nuevo Estatuto antes de que finalice esta legislatura. Porque PNV, EH Bildu y Podemos dejarán sobre la mesa sus propuestas matizadas sobre el ‘derecho a decidir’. Y socialistas y populares se opondrán a todas las cuestiones que excedan del marco constitucional.
Cualquier exceso de la Carta Magna es «una vía que ya se exploró en Cataluña y fracasó» recordaba ayer Idoia Mendia al tiempo que EH Bildu avanzaba su propuesta parlamentaria: no habrá ‘nuevo estatus’ si no incluye el derecho a decidir. Y ese será uno de los principales caballos de batalla en el Parlamento vasco, justamente cuando los sondeos demoscópicos reflejan la identificación mayoritaria de los vascos con el autogobierno que, a la vez, rechazan el clima de enfrentamiento institucional en Cataluña.
El derecho a decidir, que es «una trampa dialéctica de los nacionalistas pero no la solución», según José Antonio Pastor, trazará una brecha en la ponencia. En el peor clima posible, con el bloqueo catalán como referencia. El tiempo dirá si resulta infranqueable, o no. Si el PNV insiste en que su partido será coherente con su trayectoria buscará un amplio consenso (si no logra una aprobación mayor de la conseguida en el Estatuto de Gernika, esta apuesta no tendría sentido). Pero sin aparcar el derecho a decidir de una Euskadi –‘nación’ como ‘sujeto político’ y no sólo cultural como la definen los socialistas– dentro de un marco legal. Al PP no le parece necesaria la reforma estatutaria. No va a impulsar cambios aunque está dispuesto a debatir los de los demás. Su ‘línea roja’ se traza en el derecho de autodeterminación. Por eso Alfonso Alonso le insiste al PNV, utilizando la jerga ‘marianista’ más recurrente de los últimos tiempos, que no se meta en el ‘lío’ de la autodeterminación.
La renovación del Estatuto de Gernika podría haber seguido su cauce parlamentario cuando se abordaron los estatutos de segunda generación. Pero Ibarretxe perdió el tiempo con su plan que provocó el rechazo del Congreso y el enfrentamiento en la sociedad vasca.
Un enfrentamiento que ahora aflora en los recuerdos al comprobar la deriva abismal hacia donde se dirige un Puigdemont empeñado en seguir bloqueando la vía institucional. Ibarretxe, es de justicia reconocerlo, nunca llegó tan lejos. Porque el PNV supo reconducirlo sustituyéndolo por Urkullu que tiene la firme determinación de no explorar vías unilaterales al margen de la ley.
Tal es la confusión de los dirigentes políticos catalanes que han ido mutando a medida que el desafío se ha enredado, que el homólogo natural del PNV debería haber sido el partido de los ‘neo’ convergentes. Pero éstos se han dividido. Entre los seguidores de Puigdemont, más cercanos a la ANC y la CUP y los restos del PDeCAT, más identificados con Òmniun y ERC. A los primeros, los que se reivindican como «legitimistas» se les conoce ya como los ‘illuminati’ (en referencia a la secta de Babiera de la época de la Ilustración). A los segundos, como los pragmáticos. Esquerra no tiene interés en volver a las urnas, tal como sugirió el ‘lobby’ de los prófugos en Flandes. Ya le plantó cara al expresident cuando Torrent aplazó el pleno de investidura. Pero como no quiere que su diferencia exponencial quede al albur de los titulares mediáticos, se le ocurrió sugerir un título honorífico para Puigdemont pero que dejara gobernar a otra persona. Una jugada descartada por el afectado y que ayer fue abordada en su reunión en Bruselas.
Pasa el tiempo. A la espera de ese pleno de investidura aplazado pero no desconvocado. Cataluña sigue sin gobierno. Y mientras dure el artículo 155, Rajoy seguirá sin presupuestos. La crisis catalana lo ha inundado todo. Y los políticos vascos que tienen sentido común (la mayoría, de momento) quieren evitar el posible contagio.
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