Pradales «respeta» que un condenado por corrupción en el 'caso De Miguel' gestione las ayudas forestales

Arriola fue gerente del Parque Tecnológico de Miñano, el epicentro de la trama corrupta, de 2006 a 2009 y después fue asesor del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) hasta su detención en 2010. La sentencia del Tribunal Supremo le condenó a cuatro años de inhabilitación como cooperador en la comisión de un delito de prevaricación administrativa. Esta pena supuso reducir a la mitad la que le había impuesto en primera instancia la Audiencia de Álava, que le había castigado con ocho años en total al contemplar otro delito más.

A diferencia de lo ocurrido con Alfredo de Miguel y Koldo Otxandiano, que una vez notificado el carácter firme del fallo fueron despedidos de sus puestos en sociedades dependientes del Gobierno vasco, Arriola logró permanecer en su puesto de trabajo en Lakua. Como el fallo hablaba exclusivamente de una inhabilitación para empleos «en sociedades participadas por capital público», el Ejecutivo autonómico interpretó que podía conservar su puesto de funcionario de carrera como técnico de contabilidad, con un sueldo anual de 80.000 euros.

Dos años después, y según adelantó este miércoles 'eldiario.es/Euskadi', una resolución oficial firmada el pasado 27 de marzo por el director de Política e Industria Alimentaria, Iker Iglesias, le ha designado como presidente de la «comisión de valoración de las ayudas para grandes inversiones relacionadas con la transformación y/o la comercialización de productos forestales». Arriola ejerce como «responsable» del «programa empresarial de la Dirección de Política e Industria Alimentaria», una oficina adscrita al Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.

El Ejecutivo autonómico expone que Arriola es funcionario de carrera y que la sentencia del 'caso De Miguel' «no le inhabilitó a desempeñar cualquiera tipo de función en la Administración», por lo que «desempeña su trabajo de acuerdo a los derechos que le asisten y ha consolidado plaza en base a los mismos pasando de técnico a responsable de un servicio técnico». A estas explicaciones se ha sumado este jueves el propio Pradales, que ha hecho referencia a los planes de estabilización de las OPE y ha concluido que «no hay más que añadir».

Los grupos de la oposición, en cambio, censuran este movimiento. EH Bildu cree que el nombramiento es «inadmisible desde un punto de vista ético» y advierte de que «el Gobierno vasco extiende una sensación de impunidad a la sociedad». «¿Qué puede pensar la gente al ver estas cosas? Pues que los partidos que gobiernan toleran la corrupción cuando los condenados son de los suyos», concluye la coalición soberanista, que pedirá explicaciones en el Parlamento. El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, considera que el PNV «no sólo se parece ideológicamente al Partido Socialista», sino también «en las forma de actuar».