Euskadi y Canarias exigen más fondos y un reparto «justo» de los menores extranjeros

Hacen especial hincapié en la gestión de los menores extranjeros no acompañados (menas) que han desbordado los recursos de acogida de Canarias y que en Euskadi ha llevado a la Diputación de Bizkaia a decretar la situación de emergencia por el colapso de sus centros. De ahí que el lehendakari lleva semanas advirtiendo sobre este asunto y que en su reciente visita a Moncloa denunciase la supuesta dejación de funciones que a su juicio están haciendo otros gobiernos autonómicos.

En el texto pactado se resalta que Euskadi ha acogido a cierre de noviembre a 890 «personas menores sin referentes familiares» y que exceptuando a Ceuta, Melilla y Canarias, el País Vasco es la comunidad «que más menores acoge en proporción a su población». Por ello, plantean «un acuerdo de acogida estable, de calidad, corresponsable e incentivado por parte del Estado, otorgando mayor dotación de recursos a quien hace un mayor esfuerzo». Para ello, apostillan, será necesario garantizar «un reparto equilibrado, coordinado, ordenado y justo» entre las comunidades y una memoria económica que «soporte dicho reparto».

Además de fomentar iniciativas socioeducativas y laborales en origen para ayudar a estos jóvenes, ambas administraciones también piden, por un lado, «posibilitar la interlocución con las Autoridades españolas y francesas para implementar medidas de gestión de autorizaciones de paso de fronteras» y, por el otro, «plantear a la Fiscalía que agilice la identificación de las personas sin referentes familiares para poder conocer si son o no menores».

Aunque quizás el problema más acuciante sea el de las gestión de los menores, son muchas las cuestiones referidas al fenómeno migratorio que preocupan al Gabinete liderado por Imanol Pradales. En la actualidad, el 12,6% de la población vasca es de origen extranjero (277.564 a cierre de 2023) y la previsión es que entre 2025 y 2050 lleguen 25.000 personas adicionales cada año, lo que «supondrá un total de 500.000 personas migrantes para 2050».

Por ello y dado que las competencias recaen sobre todo en el Gobierno central, exigen cambios de calado para que las comunidades autónomas tengan más capacidad de gestión y control, tal y como el lehendakari demandó en Moncloa hace algunas semanas. Entre otras cuestiones, pidió cambios en la ley de extranjería, en concreto el artículo 35, para tener más margen de actuación en materia de inserción sociolaboral.

Por otra parte, Pradales exigirá este viernes que Euskadi sea considerada «frontera norte», no una mera zona de tránsito en el conjunto de Europa, ya que la decisión del Gobierno francés de cerrar sus fronteras para evitar el flujo migratorio descontrolado ha provocado serios problemas de acogida en Euskadi.

Además de una mayor coordinación entre la Policía, la Fiscalía y la Justicia, ambos gobiernos piden un «Plan Estratégico de Migración» y la transferencia de la competencia de la concesión de autorizaciones iniciales de trabajo para las personas extranjeras. En la actualidad se estima que el 7,9% de la población de origen extranjero en Euskadi tiene una situación sin permiso de residencia o trabajo. Se trata de unas 5.000 personas.