El PP vasco denuncia que PNV y PSE apartan a Policía Nacional y Guardia Civil de la protección de los menores

En el apartado de deberes de comunicación por parte de la ciudadanía, la norma en cuestión, que entrará en vigor en los próximos días tras ser ratificada, establece que «toda persona, física o jurídica, que advierta indicios o tuviera sospechas de una posible situación de violencia ejercida sobre un niño, niña o adolescente, o, en su caso, detecte una posible situación de desprotección de una persona menor de edad, deberá comunicarlo, de forma inmediata, a la autoridad competente». El artículo de la discordia es el 16.3, que explica los pasos a dar en caso de que los hechos puedan ser constitutivos de delito.

En el proyecto original remitido por el Gobierno vasco al Parlamento, ese precepto nombraba como destinatarios de tal denuncia «a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Ertzaintza o a la Policía local, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial». Sin embargo, a lo largo de su tramitación en la Cámara, PNV y PSE-EE registraron una enmienda para suprimir la primera de las referencias, la que involucra a Policía Nacional y Guardia Civil. En su propuesta, apoyada por EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, justificaban que se trata de «un ámbito competencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco».

Ese argumento, en cambio, no ha servido al PP vasco, que se ha abstenido en la votación de la iniciativa. «Entendemos que se aboca a los menores a una situación de mayor desprotección, lejos de la protección que se les quiere dar», ha denunciado Laura Garrido, quien ve incumplido el objetivo principal de la norma en este apartado en concreto. Bajo su punto de vista, tal y como ha quedado redactado el texto definitivo, «cualquier ciudadano que tenga conocimiento de un presunto hecho delictivo en relación a un menor, si ve un agente de la Policía Nacional o la Guardia Civil, no se va a poder dirigir a él».

La formación conservadora achaca este cambio de criterio a la incorporación de EH Bildu al acuerdo que ha permitido un amplio grado de apoyo a la ley. Un «peaje» por el que ha interpelado a los representantes del PNV, pero sobre todo a los del PSE-EE. Ha sido precisamente la socialista Gloria Sánchez quien le ha dado la réplica amparándose en la cuestión competencial. «Simplemente tiene su base en que nuestra propia ley establece que esas competencias le corresponden a la Ertzaintza y a las Policías Locales, y se ha modificado la redacción», ha explicado. «No vea fantasmas por todas partes», le ha endilgado.