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El PP vasco está decidido a agitar en campaña el debate sobre la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), una bandera ondeada en su día por Javier Maroto y que le concedió importantes réditos electorales en Vitoria. Fue precisamente en la capital alavesa donde Javier ... de Andrés desplegó ayer su propuesta al respecto, en la que plantea un rediseño integral del actual modelo, «un desastre tal y como se está aplicando», para poner en marcha un programa de integración laboral que exija también «contraprestaciones» a los beneficiarios.
Las críticas a la gestión de esta prestación han sido una constante en el discurso de la formación conservadora desde hace años con el lema 'Ayudas sí, abusos no'. El propio De Andrés, en su etapa como diputado general de Álava (2011-2015), ya reclamaba «replantear» el sistema y ponía el foco especialmente en la integración de la población inmigrante. Nueve años después, el ahora candidato a lehendakari recupera aquellas referencias en un intento por capitalizar el voto de centroderecha descontento con el PNV y para devolver al PP vasco a las cotas de influencia que tenía en aquellos tiempos.
En esta última legislatura, la RGI ha experimentado un rediseño para hacerla indefinida, elevar sus cuantías y rebajar de 23 a 18 años la edad mínima para acceder a ella. Una ley impulsada por la socialista Idoia Mendia con el apoyo de PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU, la abstención de EH Bildu y el rechazo del PP. Los populares diagnostican que el nuevo modelo está siendo «un fracaso» porque «cronifica a las personas desempleadas, que se acomodan en el cobro de una renta y no se deciden a participar en el empleo» y, además, no cumple con el objetivo de «integrar a los inmigrantes en la sociedad».
Frente a ello, De Andrés propuso dividir la RGI entre los beneficiarios que cobran la ayuda por «causas sociales» (aproximadamente un 33%) y los que lo hacen por desempleo (el 67% restante). En este apartado, planteó un programa de integración laboral enfocado a la búsqueda de trabajo. Entre las medidas, disminuir el importe con el paso del tiempo «para que haya estímulos para volver al mercado laboral», penalizar a quienes rechacen ofertas de empleo e incluso la realización de trabajos para la comunidad mientras perciban la prestación. Añadió que cobrar esta renta debe ser «incompatible» con «cometer delitos».
La propuesta electoral del PP vasco sobre la RGI también recupera referencias a la lucha contra el fraude: propone reforzar la unidad de control de Lanbide, «potenciar» la actuación policial y una mayor revisión de los expedientes. En este apartado, además, pide que a los inmigrantes se les exija un certificado oficial que demuestre que no tienen patrimonio oculto en su país de origen. «No es justo que con una declaración jurada puedan disponer de la ayuda. Todo el mundo debe presentar una certificación de su patrimonio», indicó De Andrés en el acto de presentación de la candidatura por Álava a las autonómicas del 21 de abril.
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