«Lo que pone en riesgo la independencia del Poder Judicial es el bloqueo de su renovación»

Fernando Grande-Marlaska (Bilbao, 1962), es uno de los tres magistrados del Consejo de Ministros que en su día formó parte del Poder Judicial. Pese a las duras críticas que el Gobierno está recibiendo por parte de sus colegas de profesión, defiende sin ambages la propuesta. «Es el bloqueo del PP lo que puede poner en duda la independencia judicial», advierte. Bruselas, sin embargo, no oculta su preocupación por lo que está ocurriendo, pero el ministro llama a la calma: «No habrá ninguna reforma que no se adecúe al marco constitucional y a los principios internacionales».

- Como magistrado y exvocal del Poder Judicial, ¿cree que la reforma impulsada por el PSOE y Podemos era la mejor opción?

- Estamos sufriendo un bloqueo desde hace dos años por parte del PP, que tiene al propio CGPJ rehén de sus intereses partidistas. Hay un mandato constitucional que dice que hay que renovarlo cada cinco años y una de las obligaciones institucionales de los partidos es llevarlo a cabo. Esa es una exigencia. Lo que no podemos hacer es que dicho órgano exceda en dos años su mandato. Llega un momento en el que si el PP se mantiene en una actitud absolutamente obstruccionista e impeditiva, hay que buscar alternativas. Ya veremos cómo quedan esas alternativas, pero la situación no puede mantenerse. Se está incluso creando desafección y desconfianza por parte de la sociedad hacia el conjunto de las instituciones, es de una gravedad enorme.

- La proposición la presentan los grupos que sustentan al Gobierno, ¿pero se debatió en el Consejo de Ministros?

- No, no se ha abordado como Gobierno.

- Hay voces en el Poder Judicial que han llegado a afirmar que no entienden cómo la ministra de Defensa, la también magistrada Margarita Robles, y usted no se han llevado las manos a la cabeza por esta decisión.

- Cada uno tiene su opinión. Yo me llevo las manos a la cabeza al pensar que en dos años no se ha renovado el CGPJ por intereses partidistas y al ver que no hay voluntad de cumplir un mandato constitucional. Eso sí que me preocupa.

- La mayoría de las asociaciones de jueces han criticado con dureza esta medida porque consideran que pone en duda la independencia judicial. ¿No lo hace?

- Lo que coloca este tema encima de la mesa es el bloqueo, y es eso lo que precisamente puede poner en duda la independencia del Poder Judicial. No perdamos de vista la cuestión principal y objetiva, que es el bloqueo. No habrá nunca interés en ninguna modificación legislativa que conlleve o determine poner en tela de juicio la independencia judicial. Eso va en contra de partidos democráticos como son los que sustentan al Gobierno. El problema está en la actitud del PP y no hay que obviarla porque es ahí donde está el nudo gordiano. Quiero pensar que no son conscientes de la gravedad de su conducta.

- El presidente del PP, Pablo Casado, ya ha advertido de que su partido recurrirá al Tribunal Constitucional y a las instituciones europeas. ¿Contemplan la posibilidad de que su proposición acabe siendo tumbada?

- Yo lo que quiero es que trasladen su tiempo y sus esfuerzos intelectuales a la mesa y a la necesidad de renovar el CGPJ. Porque no hablamos solo del Poder Judicial, existen también otras cuestiones como el Tribunal Constitucional, la Radio Televisión Pública Española, el Defensor del Pueblo... Que sus energías las empleen en cumplir la Constitución. No en hablar tanto de la Constitución, sino en cumplirla.

- El Gobierno de Polonia, expedientado por vulnerar el Estado de Derecho a la hora de diseñar su Poder Judicial, acaba de pedir a la Comisión Europea que haga lo propio con España.

- Hasta junio de 2018 yo era vocal del CGPJ, era uno de los encargados de relaciones internacionales, y conozco más ese tema que mucha de la gente que está hablando. Me parece un dislate la comparación. Ese patriotismo constitucional del que hablan no sé dónde ubicarlo.

- El jueves, precisamente, la Comisión Europea lanzó un aviso a navegantes mostrando su preocupación por lo que está sucediendo en España.

- No va a haber ninguna reforma que no se adecúe al marco constitucional y a los principios internacionales. Hay que recordar que España es una de las veinte democracias denominadas plenas, con garantía de derechos y libertades. No se puede plantear que en España vaya a haber una reforma que ponga en tela de juicio la importancia de nuestra democracia.

- ¿Hay margen para dar marcha atrás y retirar esta propuesta a tenor de las críticas recibidas?

- Son los grupos parlamentarios los que han presentado la proposición de ley, que tendrá el trámite y el debate correspondientes. El Gobierno ha demostrado en todo momento su voluntad real y concreta de llegar a un acuerdo, es el PP el que tiene que cumplir su obligación constitucional. Intentar sacar del acuerdo a un partido que forma parte del Gobierno y que tiene una representación parlamentaria (en alusión a Podemos) es que me parece...

- Hace poco más de dos años Pedro Sánchez anunció que era el momento de «abordar de otra manera» la política penitenciaria tras el final de ETA. Pero se ha pasado de uno o dos acercamientos a cárceles próximas a Euskadi cada varias semanas a traslados de grupos de cinco o seis reclusos casi cada viernes. Parece que se ha pisado el acelerador...

- Nosotros cumplimos la legislación penitenciaria, que es buscar la reinserción de manera individualizada. Eso es lo que me marqué desde el primer momento cuando llegué al Gobierno y en eso me mantengo. No acercamos, ese término hay que desterrarlo, cumplimos la legislación penitenciaria. La dispersión era parte de la política antiterrorista cuando ETA asesinaba. Una vez que el Estado de Derecho ha vencido a la organización terrorista, ese mismo Estado de Derecho debe aplicar la ley en todos los ámbitos, también en el penitenciario.

- Pero, ¿se ha pisado el acelerador?

- No. El Covid, con las limitaciones de movilidad, ha determinado que no se pudieran trasladar en ciertos meses. Nosotros aprobamos traslados, pero también los hubo con el PP. Hay veces que dan ganas de decirlo... Hablamos de que llevaron a cabo 190 traslados cuando Ortega Lara estaba secuestrado por ETA. Esos fueron otros momentos y no voy a volver a ellos, solo diré que la misma política penitenciaria que en su día aplicaba desde un órgano judicial, ahora la aplico desde el Poder Ejecutivo, como máximo responsable de Instituciones Penitenciarias.

- ¿Es hora de poner fin a la dispersión?

- No hay política de dispersión. ETA fue derrotada por el Estado de Derecho, lo que hacemos es cumplir la legislación penitenciaria.

- ¿Qué le parece que acusen al Gobierno de negociar presos por Presupuestos?

- Es una absoluta falsedad. Es una falsedad del PP y de Vox, que cada vez hablan más parecido y que da la sensación de que no pueden vivir sin ETA. A mí eso me preocupa y mucho, porque todo hubiese sido mejor sin la organización terrorista. Ahora debemos llevar a cabo una reconstrucción ética y parece que algunos no quieren.

- Consuelo Ordóñez le pidió hace dos semanas en San Sebastián, en un acto al que usted asistió por videoconferencia, que no pactaran con EH Bildu...

- Insisto, nosotros no pactamos presos por Presupuestos. Eso entra en el campo de los que solo quieren ruido y crispación. Lo que tenemos delante es una situación consecuencia de una pandemia que nos lleva a hacer políticas excepcionales de reconstrucción social y económica. Los Presupuestos van a ir dirigidos a eso. Por cierto, unos Presupuestos que razonablemente podrían ser asumidos por la inmensa mayoría del arco parlamentario.

- El último calendario de transferencias recoge que en marzo se entregará a Euskadi la gestión de Prisiones, materia especialmente sensible. ¿Son conscientes de eso que podría abrirles otro frente?

- Si queremos reproducir frentes, podemos hacerlo. Pero es una transferencia pendiente desde hace mucho tiempo y que se incluyó también en el acuerdo de legislatura. No hay que olvidar que no se transfiere la política penitenciaria, sino la gestión, que es algo muy diferente. El uso perverso de esta cuestión, que reconozco que es de esas cosas que me generan impotencia, no ayuda nada a la hora de generar cohesión social.

- ¿Se plantea el Gobierno alguna medida, véase decreto o reforma legal, para penalizar por la vía administrativa los 'ongi etorris' a ex presos de ETA?

- Estamos trabajando un borrador de reforma de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo y esa es una de las cuestiones que están siendo estudiadas de manera pormenorizada.

- ¿Qué le parecieron las palabras del dirigente de Sortu Arkaitz Rodríguez cuando afirmó que los ex presos de ETA no son pederastas ni maltratadores y que tienen el apoyo de una parte de la sociedad vasca?

- Esas palabras están en el lado opuesto de lo que yo pueda pensar y decir, tanto en voz baja como en alta. Unos y otros han sido condenados por cometer delitos muy graves.

- Por curiosidad, ¿está viendo 'Patria'?

- Estoy siguiéndola, sí. Creo que es un reflejo de lo que nos tocó vivir en el País Vasco y de cuál era el escenario, tristemente.

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