El Poder Judicial afronta hoy una reunión clave que podría atenuar la grave crisis institucional

Ya se sabe que cuando los extremos están enfrentados, las soluciones llegan por el centro y aquí, el 'factor Segoviano' puede ser decisivo ya que los progresistas tienen muy difícil votar en contra. Primero, por el propio perfil de la aspirante y, segundo, porque perderían los cuerpos de ventaja que llevan al sector conservador en la batalla de culpas por un bloqueo que está poniendo a prueba las propias costuras del sistema.

El Poder Judicial, cuyo mandato está vencido hace cuatro años, afronta este martes un pleno extraordinario que ha generado una gran expectación porque a diferencia de lo ocurrido en ocasiones anteriores, las posibilidades de que se logre acordar el nombre de sus dos candidatos al Constitucional son reales. Si por la tarde llega la fumata blanca (la reunión empieza a las 16.30 h.), el Gobierno ya no necesitaría impulsar las polémicas leyes que buscan cambiar los procesos de elección y que la corte de garantías impidió votar la semana pasada en el Senado generando una enorme polémica.

El pleno del CGPJ, como ocurrió el pasado jueves, ha vuelto a ser forzado por el bloque conservador con un claro objetivo: aupar a sus dos candidatos antes de que entre en vigor la nueva reforma exprés que quiere impulsar el Gobierno. En la última sesión, los conservadores se quedaron a un voto de los 11 que exige la mayoría de tres quintos precisa para aprobar los nombramientos al TC -el Gobierno, precisamente, quiere rebajarla a mayoría simple para evitar futuros bloqueos-.

Propusieron al presidente de lo Contencioso del Supremo, César Tolosa (adscrito a sus filas), y a su compañero de Sala Pablo Lucas (identificado con el progresismo). Ambos contaron con diez avales por siete del candidato de los progresistas, José Manuel Bandrés, también magistrado del Supremo.

Pero ahora, la partida cambia. Por dos motivos. Primero, porque la semana pasada se abstuvo de votar uno de los vocales, Enrique Lucas (propuesto por el PNV), al ser hermano de unos de los aspirantes. Y segundo, porque los conservadores han cambiado, precisamente, a Pablo Lucas, por María Luisa Segoviano en una maniobra que busca poner contra las cuerdas a los progresistas. Todas las miradas están puestas en Enrique Lucas, quizá el integrante del CGPJ más proclive al entendimiento -son 17 vocales, además del presidente suplente, el progresista Rafael Mozo, que lo es tras la dimisión de Carlos Lesmes el pasado día 9-.

Si la 'operación Segoviano' fructifica y hay fumata blanca no sólo se lograría desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional, sino que se aliviaría sobremanera la grave crisis institucional en la que está inmerso el país, con un inédito choque entre los poderes legislativo y judicial. Consumado este escenario, el Gobierno ya no necesitaría cambiar las leyes que intentó modificar deprisa y corriendo, y que le hizo sufrir un histórico correctivo del propio Tribunal Constitucional (un órgano también fracturado en dos).

No hay que olvidar que el Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos ya ha hecho sus deberes y ha designado, no sin poca polémica entre críticas de «politización», a sus dos candidatos. Se trata del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa Laura Díez, que sustituirían al actual presidente, Pedro González-Trevijano, y al magistrado Antonio Narváez. Por su parte, los relevos pendientes del CGPJ son los del vicepresidente Juan Antonio Xiol y el juez Santiago Martínez-Vares.