El Poder Judicial quedará bloqueado en abril a la espera de un pacto político

Con este cambio, los partidos que sustentan el Gobierno buscan que el CGPJ deje de realizar nombramientos. Desde que agotó su mandato a finales de 2018, el pleno con mayoría conservadora ha adjudicado hasta 72 plazas clave en los tribunales. La última vez, hace solo una semana, cuando una mayoría de sus vocales desoyó los ruegos del Ejecutivo y asignó varios puestos, entre ellos, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y una plaza vitalicia en la Sala de lo Civil del Supremo. El aval definitivo del Senado acabará con esta práctica.

La propuesta se debatió ayer en paralelo a los intentos de PSOE y PP para reactivar las negociaciones tras haber encallado por los vetos cruzados. Y visto lo visto en la sesión del Congreso, el acuerdo no parece próximo. Los populares, que votaron en contra junto a Vox y Ciudadanos, denunciaron un «chantaje» del Gabinete de Pedro Sánchez. El diputado Luis Santamaría censuró una reforma legal «huérfana de informes jurídicos» y que, en su opinión, aglutina «el rechazo unánime del mundo del Derecho».

Los proponentes, en cambio, reivindicaron la utilidad de esta reforma. El portavoz de Justicia del PSOE, Fernando Aranda, la consideró «necesaria y oportuna» frente al «bloqueo» del PP para la renovación del CGPJ. Desde la bancada de Unidas Podemos, Enrique Santiago confirmó que la proposición venía «impuesta por el incumplimiento del PP», formación a la que acusó de no querer acordar la renovación por «lo mucho que tienen que esconder a jueces y tribunales».

La iniciativa fue apoyada también por los grupos minoritarios, los independentistas y el PNV, si bien su diputado Mikel Legarda criticó que se traslade «una controversia de naturaleza política» al seno del Poder Judicial.