El Poder Judicial ve «intolerable» que Podemos llame «machistas» a los jueces

La consideración de la ministra de Igualdad Irene Montero de que se trata de «jueces machistas» y «fachas con toga» que tratan de sabotear su ley estrella, o que el machismo «puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa», fue respondida desde el Consejo.

Vocales de toda sensibilidad representados en esta comisión recordaron que estas palabras «se contraponen con el acreditado compromiso de la Carrera Judicial con la protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual» y avisaron que este tipo de comentarios, lejos de enmarcarse en el debate político, «minan la confianza de las víctimas en la Administración de Justicia, aumentando su desprotección».

El señalamientos de estos jueces generó también una cascada de reacciones desde el mundo judicial. No solo con el comunicado del CGPJ, sino también desde las asociaciones profesionales. Hasta la progresista Jueces y Juezas para la Democracia, a la que pertenece Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género, destaca dirigente de Podemos y cerebro de la ley 'solo sí es sí', se pronunció con dureza. Admitió que desde Igualdad «no se alcanzó a prever estas consecuencias» por la rebaja masiva de penas y consideró que las críticas son «desafortunadas e injustas» y dañan a las víctimas.

El fundamento de la respuesta del sector judicial tiene un elemento objetivo que difícilmente se puede rebatir. En febrero de 2021 el órgano de gobierno de la judicatura aprobó por unanimidad su informe consultivo sobre la ley del 'solo sí es sí'. Y ya entonces advirtió al Gobierno de que el nuevo cuadro de penas iba a suponer una reducción del límite máximo de algunas de ellas y que esto conllevaría, como al final ha ocurrido, la revisión de multitud de sentencias.

Por ejemplo, se explicó que en el tipo básico de agresión sexual se establecía una pena de 1 a 4 años mientras que la anterior ley lo marcaba en la horquilla de 1 a 5 años. En caso de violación, el anteproyecto prevía una pena de prisión de 4 a 10 años mientras que antes se castigaba de 6 a 12 años. Y en el caso de abusos sexuales con penetración, con penas de 4 a 10 años y los cometidos a menores de 16 años se pasaba de 8 a 15 años a 6 a 12 años.

Pero el informe del CGPJ, respaldado por otro posterior del Consejo de Estado, explicó además que la idea del consentimiento en los delitos sexuales ya se valoraba en la anterior norma, aunque no incluyera una definición expresa en el Código Penal. Según estos documentos, la cuestión problemática no era conceptual sino probatoria, cuándo existe o no consentimiento.