Un Poder Judicial excesivamente politizado

Con la excepción de Polonia, país expedientado por la Comisión por su deriva autoritaria en detrimento de la separación de poderes, España es el único socio comunitario donde todos los integrantes de su Poder Judicial son elegidos por las Cortes Generales: diez vocales por el Congreso y otros diez por el Senado (en ambos casos, al menos por tres quintas partes). Su presidente, que también lo es del Tribunal Supremo, es elegido por tres quintas partes del pleno del órgano de poder de los jueces.

Desde la reforma judicial aprobada en 1985, siempre han sido los grandes partidos, léase el PSOE y el PP, los que han manejado este proceso para colocar a los 'suyos'. Pero lo que hasta ahora era una rutina silente sin mayor polémica ha estallado por los aires con la filtración de un 'whatsapp' del portavoz del PP en el Senado que evidenciaba sin ambages el pasteleo del procedimiento. Eso, unido a la renuncia del magistrado Manuel Marchena a ser el próximo presidente del Tribunal Supremo, ha desatado una suerte de tormenta perfecta.

En esta Red Europea de Consejos de Justicia están presentes los grandes Estados miembros (Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos...), aunque también hay sonoras ausencias como la de Alemania, que carece de un órgano 'ad hoc'. No obstante, está de observadora, al igual que el resto de países que no forman parte de la organización por razones similares, entre ellos Austria, Luxemburgo, Finlandia o Suecia. Cada país es un mundo y es imposible hacer una comparativa fiel de todos los poderes judiciales, como explica a este diario José Miguel García, magistrado de la Audiencia Provincial de Segovia y exletrado del servicio de Relaciones Internacionales del Poder Judicial.

Existen varias varas de medir. Por ejemplo, la relevancia del órgano, si está o no consagrado en la Constitución del país (lo está en una decena de países); o la forma de elección de sus integrantes, hasta dónde llega la kilométrica mano de la política. Y teniendo en cuenta estos dos factores objetivos, España queda muy tocada ya que es uno de los socios comunitarios donde más poder y relevancia tiene el CGPJ, pero donde los jueces pintan menos a la hora de elegirlo, como explica García. De ahí que los profesionales hayan redoblado su petición de cambiar el modelo vigente aprobado por el Gobierno del PSOE en 1985 y seguir los pasos del recogido en la Constitución, que prevé que 12 de los 20 vocales sean jueces elegidos por jueces. 'Grosso modo', es la fórmula que funciona en la UE.

Cuando se analiza el sistema de elección de los miembros de estos órganos, la principal conclusión es que hay tantos modelos como países. España 'copió' el modelo italiano del Consiglio Superiore della Magistratura, consagrado en la Constitución del país y que está formado por 27 miembros, de los que 16 son magistrados elegidos por sus colegas, 8 son juristas elegidos por el Parlamento y los otros tres, miembros natos (el presidente de la República, el del Supremo y el fiscal general).

El Conseil Supérieur de la Magistrature francés también está consagrado en la Constitución y está formado por 22 miembros. Seis son jueces elegidos entre ellos y otros seis son fiscales también designados entre sus colegas. Además, está el presidente de la Corte de Casación, el fiscal general de esta Corte y «ocho personas relevantes de fuera del sistema judicial», de los que seis son elegidos por los presidentes de la República, la Asamblea y el Senado.

Lo de Reino Unido es caso aparte. Tal es su particularidad que hay tres organizaciones diferentes en esta red europea: una para Inglaterra-Gales (29 miembros), otro para Escocia (17) y la tercera para Irlanda del Norte (11). En las Islas, los personajes clave son el Lord Canciller (ministro de Justicia) y Lord Chief Justice, algo así como el presidente del Tribunal Supremo. Eso sí, los candidatos finalmente elegidos lo son tras superar comisiones judiciales 'ad hoc' muy rigurosas.

De vuelta a la Europa continental, Portugal y Bélgica son dos países que usan procedimientos muy similares a Francia o Italia. Su Consejo General del Poder Judicial está consagrado en la Constitución y en ambos casos, el modelo es mixto. El luso está formado por 17 miembros, de los que siete son jueces elegidos por sus colegas, otros siete por el Parlamento, dos por el presidente de la República y hay un miembro nato. En Bélgica, por su parte, hay 44 integrantes, de los que 22 son «miembros judiciales elegidos por sus colegas» y los otros 22 son «no judiciales elegidos por el Senado».

El patrón común que se da en la mayoría de los países, sobre todo en los denominados Estados miembros 'pequeños', es que su Poder Judicial está consagrado por la Constitución, está integrado por una quincena de miembros y los jueces suelen elegir en torno a la mitad de los integrantes. El resto es cosa de los órganos políticos. Así sucede en Bulgaria, Eslovenia, Malta, Eslovaquia o Rumania.

Entre los casos más llamativos, el de Holanda es quizá el mayor. Lo es, sobre todo, por el número de miembros, que puede fluctuar «entre tres y cinco». Es facultad del propio 'Raad voor de rechtspraak' elegir cuál es la cifra, «que en la actualidad es de cuatro». Dos de ellos son jueces (al menos siempre la mitad) y tanto el presidente como el vicepresidente deben ser siempre magistrados. Es verdad que no tiene la relevancia de sus 'hermanos' español, italiano o francés (no está en la Constitución) y que es relativamente joven ya que se constituyó en 2002.

Que la polémica haya estallado ahora en España en toda su magnitud no significa que el tema no se haya advertido ya desde instancias internacionales. En enero, el Greco, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, recomendó que «al menos la mitad de los miembros del CGPJ sean jueces elegidos por sus compañeros de todos los niveles y respetando el pluralismo». Una demanda que se sumaba a las tesis del Consejo Consultivo de Jueces Europeos, que defiende que «las autoridades políticas tales como el Parlamento o el Gobierno no deberían implicarse en ninguna fase del proceso de selección del órgano de gobierno de los jueces».