El Poder Judicial «deplora» las críticas del Consejo de Europa sobre el 'procés'

Lo que ha indignado especialmente a la Comisión Permanente del CGPJ, firmante del comunicado, es que la resolución recoja «recomendaciones dirigidas a los jueces para que tomen decisiones en un determinado sentido en relación con la persecución de delitos». Un extremo que, en su opinión, «obvia el principio de independencia judicial» que, sin embargo, el mismo texto dice respetar. Una «contradicción» que el órgano presidido por Carlos Lesmes censura entre alusiones a la separación de poderes y la igualdad en la aplicación de la ley.

Escuece también que la organización de 47 países europeos señale como una de las supuestas razones para la condena a los líderes del 'procés' las «declaraciones realizadas en el ejercicio de sus mandatos políticos en apoyo del referéndum inconstitucional sobre la independencia de Cataluña». El Poder Judicial recuerda que las penas en ningún caso se impusieron por la mera expresión de opiniones. De hecho, indica que esas mismas ideas políticas siguen «dando vida» al Govern y que incluso los presos han podido mantenerlas desde la cárcel al presentarse como candidatos en sucesivas elecciones.

Lo punible, agrega, es que los dirigentes independentistas hayan «pulverizado el pacto constitucional» mediante la aprobación de leyes «en abierta y contumaz desatención a los requerimientos» de la Justicia. No se castiga la expresión de ideas divergentes, viene a resumir, sino la definición de «una legalidad paralela de corte constituyente» y la movilización de una multitud de ciudadanos «para oponerse a la ejecución de las decisiones legítimas de la autoridad judicial, celebrando un referéndum declarado ilegal».

Sin esta disquisición, el CGPJ advierte de que el Consejo de Europa «parte de un planteamiento erróneo, a saber, la presunción de que los líderes políticos independentistas fueron procesados por expresar sus ideas en el ejercicio de su mandato». Una interpretación equivocada que, para el órgano de gobierno de los jueces, supone «un prejuicio que contamina todo el texto, se refleja en la resolución y en las recomendaciones» que la organización internacional emite. Circunstancia que «merece un reproche general».