El Poder Judicial busca involucrar a Europa para frenar la reforma de PSOE y Podemos

Pese a que se trata de una iniciativa parlamentaria de PSOE y Unidas Podemos y no del Gobierno, por lo que no requiere una intervención expresa de los órganos supervisores como en otras propuestas normativas, el Consejo está dispuesto a jugar sus cartas para impedir que la reforma salga adelante, por vía de urgencia, sin contar con los integrantes del Poder Judicial o de las instituciones europeas que vigilan los sistemas judiciales.

En primer lugar, el acuerdo de ayer reclama al Congreso, en referencia implícita a su presidenta, Meritxell Batet, que promueva la posibilidad de que el CGPJ se pronuncie sobre esta iniciativa legislativa; y, en segundo término, pide a la Cámara baja que reclame a la Comisión Europea su informe 'Democracia por el Derecho', en relación al régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones, como ocurre ahora.

Esta solicitud busca la intervención directa de los organismos europeos, como ya hiciera con la reforma sobre el cambio de mayorías parlamentarias para elegir a los vocales del Consejo. Entonces, el Consejo de Europa, a través de la Comisión de Venecia, dio un toque de atención al Ejecutivo por la posible vulneración de la independencia judicial, lo que llevó a Pedro Sánchez a meter en una cajón la propuesta que buscaba presionar al PP para desbloquear la renovación del CGPJ, que lleva dos años en funciones.

Aunque la presidencia del Congreso o la Mesa de la Cámara baja no están obligadas a tramitar esta petición, quedaría en mal lugar desde un punto de vista estético que el Poder Legislativo orille sin más esta solicitud del órgano que gobierna el Poder Judicial. De ahí la relevancia de la posición institucional que asuma ahora la presidenta Batet en la tramitación de esta petición formal.

El acuerdo del Consejo, además, se carga de razones para implicar al Consejo de Europa en la reforma. Afirma que la trascendencia constitucional de la modificación propuesta y la exigencia de interpretación conforme con el Derecho de la UE demandan que «toda iniciativa legislativa que delimite aspectos esenciales del estatuto de los miembros del Poder Judicial debe tramitarse dando audiencia a todos los sectores implicados». Y esto incluye al CGPJ, a la Comisión de Venecia y a las asociaciones judiciales y fiscales españolas. El Consejo, además, decidió enviar este acuerdo a la Red Europea de Consejos de Justicia, para que tenga conocimiento de las iniciativas legislativas del Gobierno español y vigilen su tramitación por si afecta a la independencia judicial.

Los cinco vocales que votaron ayer en contra de este texto, todos ellos de procedencia progresista, anunciaron la formulación de un voto particular tras respaldar una enmienda del consejero Álvaro Cuesta. El exdiputado del PSOE proponía anunciar al Congreso y el Senado la renuncia irrevocable el próximo 1 de enero de todos los vocales para obligar a la renovación del órgano por fuerza mayor. La iniciativa de máximos fue rechazada por los otros 16 integrantes del Pleno, entre ellos el presidente, Carlos Lesmes.

El acuerdo del Consejo llegó después de una sesión en la que se nombraron con amplias mayorías (17 votos de 20) a los presidentes de las Salas de lo Social de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Asturias y de la Audiencia de Cáceres. Fue otro contundente mensaje al Gobierno, que busca a toda costa evitar este tipo de designaciones mientras sigan en funciones.