PNV, Podemos y PSE unen sus votos para determinar que la reforma del Estatuto siga haciéndose en secreto

La actualización de la Carta de Gernika vive un momento de incertidumbre. Los expertos designados por los partidos entregaron el mes pasado a la ponencia tres borradores del nuevo Estatuto sobre los que los partidos deberían comenzar a negociar ahora. Había expectación porque uno de los documentos registrados está avalado por los juristas de PNV, Elkarrekin Podemos y PSE, lo que parece abrir una puerta al entendimiento, pero los avances no son tan importantes. Los partidos están de acuerdo en el 80% del contenido que debe tener el nuevo texto legal, pero mantienen serias discrepancias sobre los contenidos identitarios. Entre otros, la inclusión del derecho a decidir y la relación que Euskadi debe mantener con el Estado.

Las diferencias son tan notables que ni PNV ni Elkarrekin Podemos ni PSE han asumido el texto elaborado por sus expertos -con numerosos votos particulares- para presentarlo como proyecto de ley, trámite imprescindible para que la reforma del Estatuto pueda avanzar. Los partidos quieren tiempo para negociar, pero no parece posible que haya acercamiento alguno a las puertas de una campaña electoral, cuando se defienden las posturas más extremas. Es por eso, que algunas fuerzas ya reconocen abiertamente que no habrá avances hasta la próxima legislatura.

En esta tesitura, la ponencia de Autogobierno ha decidido que empleará sus próximas reuniones para escuchar a los juristas que han elaborado los borradores. Es decir, para que expliquen personalmente unos textos que los partidos han orientado y que tienen en sus manos desde diciembre. Hoy comparecen Iñigo Urrutia (EH Bildu) y Arantxa Elizondo (Elkarrekin Podemos), mañana Alberto López Basaguren (PSE) y el 31 de enero, el jeltzale Mikel Legarda. El PP anunció la semana pasada que su representante, Jaime Ignacio del Burgo, no acudirá al Parlamento si los debates se desarrollaban a puerta cerrada. Los populares consideran que el foro que debe deliberar sobre la Carta de Gernika es «un paripé» porque la negociación real se desarrollará en Madrid, en una mesa en la que se sentará el nuevo Gobierno de coalición con los nacionalistas vascos y catalanes. "Fían todo a eso así que han decidido liquidar la ponencia y que de aquí ya no salga nada serio", ha reprochado el popular Antón Damborenea.

En el caso, de EH Bildu el reproche se refiere a la posibilidad de que la ponencia ralentice sus labores hasta agotar la legislatura -a la que le quedan como mucho un par de meses de actividad parlamentaria-. De momento, no se ha cerrado calendario de trabajo alguno una vez que los expertos hayan dado su visión en enero. La coalición idependentista también quiere que los debates sean públicos para que se visibilicen las opiniones del PNV en los asuntos identitarios. Hace meses que la formación que lidera Arnaldo Otegi viene reprochando a los jeltzales que se bajaran del pacto firmado por ambas formaciones en 2018, de hondo calado soberanista, para matizar sus posiciones buscando un acuerdo con Podemos y PSE.

Una vez finalizada su comparecencia en el Parlamento, el jurista Iñigo Urrutia ha expresado su "disconformidad" con el documento pactado por los representantes de PNV, Podemos y PSE, a los que ha recordado que no pueden "sustituir" a la ponencia de Autogobierno antes de reconocer que el proceso de actualización del Estatuto no tiene una hoja de ruta concreta. "No está claro hacia donde vamos".

Urrutia, experto designado por EH Bildu, ha defendido que la nueva Carta de Gernika debe superar el estatus de comunidad autónoma que el País Vasco tiene actualmente para crear un nuevo sujeto político que establezca una relación bilateral con el Estado. En ese camino considera "claves" los pasos que pueda dar el nuevo Gobierno central en la legislatura que acaba de abrir una vez que Sánchez ha mostrado su disposición a reconocer la plurinacionalidad. El jurista ha planteado en su propuesta de reforma que Euskadi tenga una "relación confederal" con España, y también con Navarra y los territorios de Iparralde. Y ha puesto, por primera vez, plazos y metodología concreta al proceso de desanexión que anhela Bildu: doble mayoría parlamentaria, convocatoria de elecciones, consulta ciudadana y la apertura de un periodo de dos años para negociar con el Estado "una nueva relación, no una ruptura".

Por su parte, la jurista que ha representado a Elkarrekin Podemos en las deliberaciones ha reconocido que las discrepancias de fondo siguen siendo "profundas" tras las 29 reuniones que han mantenido los expertos, y ha defendido la "indudable viabilidad jurídica" del derecho a decidir de la ciudadanía si es un proceso "legal y pactado con el Estado". E igual que Iñigo Urrutia, Arantxa Elizondo ha asegurado que España se adentra en "una nueva fase" con la llegada del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha augurado que será "más dialogante" y que abrirá "vías de entendimiento" con Euskadi y Cataluña.