Podemos retrata al Gobierno

La actitud de Podemos en el caso, cuando en ningún momento se ha mostrado oficialmente a favor de atenuar la faceta punitiva de la legislación frente a las agresiones sexuales, demuestra hasta qué punto la verdad exclusiva puede negar la realidad de las revisiones de pena derivadas de la nueva norma, la realidad de una sociedad entre perpleja e indignada ante la cerrazón gubernamental, la realidad de un derecho penal que no puede modularse ideológicamente sin cuidar sus fundamentos y atender una casuística infinita y en esa medida compleja. Reacciones que atestiguan la visión de un grupo convencido de que el poder político puede, incluso en un sistema parlamentario pluralista, cambiar la realidad negándola porque considera que así debe preservar su misión transformadora y –en estos momentos– de marcaje de la socialdemocracia. Su advertencia de que el consentimiento es un principio inalterable obedece a que los socialistas han trasladado a su contraparte del Ministerio de Igualdad que el «corazón» de la ley podría entrar en contradicción con la presunción de inocencia de los acusados hasta verse retocado por el por fin progresista Tribunal Constitucional.

Fundamentalismo y tacticismo se confunden en el caso de Podemos. Sus dirigentes están decididas a delimitar su espacio ideológico dentro del Gobierno en el que se declaran resueltas a continuar. 'No nos vamos; que nos echen si se atreven', vienen a decir estos días. Conscientes de que romper la coalición les señalaría como causantes de la debacle de la izquierda, y de que por la misma razón tampoco lo harán los socialistas. Al tiempo que así achican ese otro espacio que Yolanda Díaz y Sumar tratan de recrear a expensas también de Podemos. La ruptura de la coalición en medio del período electoral sería desastrosa para los intereses respectivos de rosas y morados. Pero que las cuitas entre sus socios acaparen la atención publicada durante todo 2023 resultará igual de desgastante. Porque la obstinación morada subraya las debilidades de Pedro Sánchez.