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El lehendakari es plenamente consciente, sobre todo tras el trauma colectivo que supuso la pandemia, de que tiene un problema político, no precisamente menor, en Osakidetza. La gestión del covid, con episodios tan resbaladizos como las vacunaciones irregulares en Basurto y Santa Marina de ex ... altos cargos peneuvistas y los vaivenes en las restricciones a la movilidad y la hostelería, colocaron a Urkullu y a su consejera de Salud, Gotzone Sagardui, en la picota e hicieron tambalear, como pocas veces antes, la imagen de excelencia gestora del PNV. Superada la emergencia sanitaria, y aunque las encuestas nunca han dado muestras de agotamiento del proyecto jeltzale, la sobrecarga asistencial y la escasez de médicos, que van alimentando una sorda pero punzante indignación en profesionales 'quemados' y pacientes condenados a las listas de espera, han vuelto a colocar al servicio de salud, antigua joya de la corona del autogobierno vasco, en el punto de mira.
Hasta ahora, la respuesta del Gobierno vasco ha incidido en que el problema de las plantillas cortas, los profesionales que se marchan buscando mejores condiciones o los recortes de horarios en ambulatorios es común no solo al resto de autonomías sino incluso a los países del entorno europeo. Y se han buscado soluciones circunstanciales como la contratación de personal extranjero, los incentivos para cubrir vacantes en zonas rurales o el impulso de nuevas plazas en Atención Primaria tras el manifiesto error de la consejera al sugerir que habría que resignarse a ser atendidos por enfermeras y no por médicos o a desplazarse para recibir tratamiento. Es más, Lakua siempre ha tenido presente que la 'marea blanca' que se echó a la calle contra Isabel Díaz Ayuso en Madrid podría acabar encrespando también las aguas vascas, bastante más calmadas que las de la Comunidad de Madrid y las de un Congreso en permanente caída libre hacia el barro.
Por eso mismo, y como en el viejo dicho popular - «éramos pocos...»-, resulta sencillamente incomprensible que el departamento de Salud -y con él, el Gobierno vasco, el PNV y el PSE- haya contribuido a agravar la evidente crisis en Osakidetza con un incendio político, el que ha estallado en la OSI de Donostialdea, que, a falta de mayores detalles y ante el silencio obstinado de la consejera, podría haberse evitado o al menos atemperado con mano izquierda y diálogo entre la consejería y las cúpulas directivas de los hospitales. Con el conflicto del traslado a Cruces de la cirugía cardíaca de Basurto llueve, además, sobre mojado. Ni siquiera el fraude de las OPE y de las filtraciones de exámenes que acabó forzando la dimisión del exconsejero Jon Darpón creó una sensación de caos, con acusaciones tan gruesas como la privatización encubierta, la gestión dictatorial o el amiguismo, como el torbellino en el que se ha sumido ahora Osakidetza. Por eso, por mucho que Lehendakaritza quiera «respetar los tiempos» del Departamento de Salud y darle margen para calmar las aguas internas, es urgente que el Gobierno vasco ofrezca explicaciones inmediatas sobre lo sucedido. Porque hablar de cambios «normales» a estas alturas provoca ya tanta perplejidad como indignación.
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