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El fin del estado de alarma ha exacerbado como nunca las tensiones entre Pedro Sánchez y sus socios parlamentarios. El PNV, tal vez su aliado más estable para apuntalar la legislatura hasta 2023, no oculta su indignación ante el limbo jurídico en el que viven ... las comunidades autónomas desde el pasado domingo. Y la aseveración del presidente del Gobierno, afirmando que la alarma «es el pasado», ha acabado por colmar la paciencia de los jeltzales. «El problema es que en estos momentos se mantienen los contagios y estamos en una pandemia. Eso es el presente», ha replicado la líder vizcaína del partido, Itxaso Atutxa.
Sabin Etxea continúa defendiendo que el instrumento constitucional se debía haber prorrogado para mantener la seguridad jurídica de las restricciones en un momento clave de la pandemia, a las puertas del verano y con la campaña de vacunación lanzada. Se trata del mismo criterio que sostiene el Gobierno vasco, resignado a renunciar a las medidas más drásticas en la lucha contra el avance del virus. Iñigo Urkullu pidió por carta a Sánchez que extendiera la alarma, al menos mientras no se hubiera reformado la ley ordinaria para blindar las restricciones. Pero Moncloa sigue convencida de que ya era momento de desprenderse de esta herramienta.
«No comparto que diga que el estado de alarma o que algunas de las medidas que se deben mantener sean el pasado», ha afirmado Atutxa en una entrevista concedida a Bizkaia Irratia. La presidenta del BBB admite que la situación epidémica tiene visos de cambiar en los próximos meses como efecto de la vacunación masiva, pero entre tanto, dice, hay que tener instrumentos que permitan controlar la situación. «Debemos mantener todas las medidas de protección y lo que nosotros solicitábamos no era tan complicado, solo mantenerlo un mes o mes y medio más», ha insistido la burukide, quien agregaba que otros presidentes autonómicos, incluso del PSOE, pedían lo mismo.
Bajo su punto de vista, el debate sobre el mantenimiento de la legalidad excepcional era «fundamentalmente una decisión política» que debía adoptarse en ese terreno, «no dejarla en manos de los tribunales» con el consiguiente «caos» que se ha producido. La vía del recurso en casación al Tribunal Supremo, mecanismo desplegado 'in extremis' por Moncloa, está «contaminada desde el principio porque lo vuelve a dejar en manos de los tribunales», ha agregado Atutxa.
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