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Tras el varapalo del Tribunal Supremo que anula el traspaso de la homologación de títulos universitarios extranjeros a Euskadi, se suceden los movimientos políticos ... para tratar de revertir la situación. A nivel administrativo, el Gobierno vasco decidirá esta semana si recurre ante el Constitucional un fallo que, según Imanol Pradales, es «preocupante y grave» porque por primera vez «abre la veda» a tumbar transferencias ya materializadas. En paralelo, a nivel de partidos, PNV y PSE-EE han unido fuerzas para buscar un frente común en el Parlamento en defensa de la «legalidad» de la operación.
El fallo del Supremo ha supuesto un auténtico revés para el Gobierno vasco, que confiaba en esta herramienta para agilizar la contratación de médicos extranjeros en Osakidetza ante el déficit de profesionales. La sentencia establece que si la verificación de las condiciones de títulos profesionales asociados a enseñanzas universitarias «ha de ser competencia exclusiva del Estado» según la doctrina del Constitucional, «por las mismas razones ha de serlo» también la comprobación de la procedencia de la homologación de títulos obtenidos en el extranjero. Es por eso que deja sin efecto la transferencia.
El lehendakari se pronunció ayer públicamente por primera vez a este respecto y se mostró «preocupado». Denunció que una instancia judicial «intervenga y ponga en solfa» un acuerdo político y subrayó que los gobiernos vasco y central están trabajando de forma conjunta «buscando un sistema que garantice que esto no pueda volver a ocurrir». Pradales evitó en todo caso confrontar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez después de que la delegada en Euskadi, Marisol Garmendia, expresara su malestar con la «virulenta» reacción de Lakua al reclamar cambios jurídicos «urgentes».
Por ahora, las administraciones autonómica y central están estudiando cómo responder a la sentencia. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se mostró dispuesto a explorar «los mecanismos de salida» y se reafirmó en el compromiso de que esta materia esté gestionada por Euskadi, mientras que la consejera vasca de Autogobierno, Maria Ubarretxena, adelantó que habrá una decisión sobre el eventual recurso ante el Constitucional antes de que acabe esta semana. «Vamos a actuar en dos frentes: uno a largo plazo y otro a corto», abundó.
Al mismo tiempo, en el Parlamento vasco, PNV y PSE-EE registraron ayer de forma conjunta una proposición no de ley que defiende la «legalidad y constitucionalidad» de la transferencia. Los socios de gobierno emplazan al Gabinete Pradales a «utilizar todos los mecanismos a su alcance» para dar la vuelta a la situación, si bien no se habla expresamente de un posible recurso ante el Constitucional.
La iniciativa, que tardará semanas en ser debatida en el Parlamento vasco, busca crear un frente común con más fuerzas políticas para defender el traspaso. «Es una competencia que está incluida en el Estatuto de Gernika y la medida iba a agilizar la incorporación de profesionales a sectores que los necesitan, como es el de la Salud», manifestó el portavoz del PNV, Joseba Díez Antxustegi. También el parlamentario del PSE-EE Ekain Rico defendió la idoneidad de la transferencia y abogó por usar «todos los mecanismos legales al alcance».
Tanto jeltzales como socialistas lamentan que 200 personas extranjeras hayan quedado «en el limbo» por haber solicitado la homologación de su título universitario en los apenas quince días que estuvo en vigor la competencia vasca antes de su suspensión cautelar, primero, y definitiva, después. Una situación en la que incidió ayer el consejero de Ciencia y Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, quien lamentó el «perjuicio» no sólo para estos profesionales, sino también para la sociedad vasca, que se queda por ahora sin su «aportación».
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