PNV y PSE, de la mano en el nuevo Estatuto

Pero tanto el Gobierno vasco como los partidos que lo sostienen son plenamente conscientes de cuál es la estrategia de la izquierda abertzale, que pretende ganar terreno al PNV por el centro. Precisamente por eso los jeltzales no están dispuestos a regalarle esa baza a los de Arnaldo Otegi ni a echar a rodar la bola del nuevo estatus -o nuevo Estatuto, como se prefiera- sin haber acordado antes en qué términos con sus socios. Hacerlo por su cuenta y riesgo equivaldría a colocar una carga explosiva en los mismos cimientos del Gobierno de Imanol Pradales. «No tiene sentido que registremos nada en solitario», apuntan. Los socialistas vascos, hasta ahora muy reacios a entrar en lo que consideran «obsesiones soberanistas», son claros al respecto. «Se tome la iniciativa que se tome, debería hacerse de forma conjunta para no interferir en la acción de gobierno ni en la estabilidad del mismo», corroboran, en línea con el acuerdo firmado al inicio de la legislatura, que apela a la legalidad vigente pero también al pacto de investidura de Sánchez. Un documento que contempla abrir el melón estatutario y menciona expresamente el reconocimiento nacional de Euskadi, la «salvaguarda» de las competencias vascas y un sistema de garantías «basado en la legalidad y la foralidad».

¿Qué quiere decir esto? Básicamente que, si nada se tuerce y más allá de los aspavientos públicos, PNV y PSE se conjuran para proteger su alianza y estamparán su firma en la proposición de ley que se registre en el Parlamento vasco para poner en marcha la reforma, que debe aprobarse primero en la Cámara autonómica para después obtener el plácet de las Cortes Generales y, como último paso, someterse a referéndum en Euskadi.

Nadie se atreve a aventurar plazos para el inicio de ese recorrido, aunque el próximo verano parece una frontera temporal razonable. Desde luego, no antes del final de marzo porque hasta entonces el nuevo EBB no tomará posesión y no tendría «sentido» que Andoni Ortuzar dé por cerrado un pacto que, si se confirma su salida -cada vez más verosímil-, no va a liderar. En todo caso, para cuando la iniciativa vaya al registro, su contenido estará ya previamente pactado con Pedro Sánchez.

La gran duda es si en ese pacto previo entrará o no EH Bildu, que da muestras evidentes de remar por ese objetivo. Los «grandes acuerdos» se cocinan «debajo de los focos», ha deslizado Arnaldo Otegi esta semana, para acompañar su llamamiento a pisar el acelerador en pos del consenso en Euskadi, antes de que «el Estado profundo», en alusión a los múltiples frentes judiciales que atenazan al PSOE, pueda hacer «caer» al Gobierno de Sánchez, el único con el que Bildu -y el PNV- ven posible avanzar hacia un estatus territorial diferente para Euskadi. El estado de ánimo en las dos fuerzas nacionalistas es de ahora o nunca y las cosas, entre bambalinas, se están moviendo más y más rápido de lo que se trasluce de cara a la galería. Ortuzar, que anunció una ronda «discreta» con las fuerzas vascas, «ha contactado con todas y se ha reunido ya con varias», apuntan en el EBB, que, «en cumplimiento estricto de la discreción acordada», rechaza dar más detalles.

Sin embargo, distintas fuentes consultadas por este periódico en los partidos vascos y en el Gobierno ayudan a reconstruir lo avanzado hasta ahora. El presidente del PNV se ha citado ya, en el marco estricto de esa ronda de partidos en orden ascendente, con Podemos -sin representación parlamentaria-, con Sumar, que tiene un escaño, y con el PP, con siete representantes. El secretario general del PSE, Eneko Andueza, ha apuntado en público que no se ha reunido aún con el líder jeltzale, pero tanto en su caso, al ser socios de gobierno, como en el de EH Bildu -Ortuzar tiene una relación estrecha y frecuente con Arnaldo Otegi y se ven al menos una vez al mes- los encuentros se han sucedido sin necesidad de formalismos.

De esos contactos, según diversas fuentes, se va sacando en claro que no volverá a reabrirse la ponencia de Autogobierno ni a convocarse a los expertos que redactaron el último texto conocido, que se saldó en diciembre de 2019 con un acuerdo parcial entre PNV, PSE y Podemos, con el derecho a decidir como escollo insalvable. Los socialistas vascos eran partidarios de que el debate se sustanciara en ese foro y desde Bildu el propio Pello Otxandiano abogó por ponerlo en marcha en tres meses desde el arranque de la legislatura. Pero -con ese documento ya sobre la mesa, además de las bases netamente soberanistas impulsadas por PNV y Bildu en 2018- los líderes vascos han estimado innecesario dilatar los plazos en un bucle interminable.

Las cartas están sobre la mesa y la única duda es si Sánchez va a aguantar el tiempo suficiente para materializar la apuesta. Hay prisa e incertidumbre, aunque los abertzales creen que juegan con ventaja: «La cuestión territorial es lo único que une a todos los socios de Sánchez. No le va a quedar otra», presumen. Los contenidos irrenunciables están claros: darle rango de ley a la «realidad nacional» vasca y blindar las competencias propias con un ropaje jurídico al estilo del Concierto Económico, que impida tomar decisiones unilaterales. El PSE no tiene mayor problema con lo primero, pero recela abiertamente de lo segundo porque teme que, con la excusa de la bilateralidad, se pretenda impulsar un «cambio constitucional por la puerta de atrás» que acabe imponiendo un modelo confederal asimétrico.

Ahí estará la madre del cordero del debate, en el que asoma la posibilidad de que los socios nacionalistas de Sánchez puenteen al PSE para arrancar directamente un compromiso a Moncloa. En el entorno de Eneko Andueza son tajantes: «Se está intentando vender de forma fraudulenta que PSE y PSOE tenemos posiciones distintas. No es así. La comunicación con Sánchez es permanente y nos ha designado como interlocutores. Todo se va a decidir en Euskadi».

En ese 'todo' sobrevuelan las nuevas competencias que se quieren atribuir a Euskadi, entre las que destacan dos especialmente problemáticas: la facultad para convocar consultas y referéndums y el sistema judicial propio. En este terreno, PNV y Bildu discreparon hace seis años sobre si el Tribunal Superior vasco debería ser la máxima instancia judicial o si el Supremo tendría competencias para unificar doctrina en la legislación de carácter estatal. En paralelo, late la cuestión, en absoluto menor, de las competencias pendientes con una 'patata caliente' de primer orden: la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, en la que el PNV reclama también las prestaciones por desempleo y la inspección de trabajo.