PNV y PSE cierran un acuerdo para impulsar la reforma fiscal en Euskadi

Hace ya casi siete años que Euskadi experimentó su última revisión impositiva en profundidad. A finales de 2017, y dentro de la negociación de los Presupuestos vascos para 2018, PNV y PSE-EE acordaron una reforma con el PP que rebajó el tipo de Sociedades del 28% al 24% para las grandes compañías y que incluía el compromiso de revisar el IRPF a las rentas medias y bajas para 2020. Sin embargo, el estallido de la pandemia del covid desbarató todos los planes y la reforma se fue posponiendo 'sine die' a la espera de salir de la emergencia sanitaria.

Jeltzales y socialistas se empezaron a sentar a la mesa a comienzos de 2023, justo antes de las elecciones municipales y forales que alteraron de forma notable las mayorías. Ahora, tras casi dos años de negociaciones discretas influidas también por las autonómicas de abril de este año, los socios de gobierno anuncian fumata blanca. «Ha primado la voluntad de entendimiento y de conciliación en las legítimas posiciones ideológicas», explican en un comunicado común que llega la misma semana en la que las instituciones vascas presentan sus proyectos presupuestarios.

Los compañeros de coalición parten del diagnóstico de que el marco fiscal en vigor «ha funcionado, garantizando la suficiencia de recursos» para financiar los servicios públicos en escenarios tan delicados como la pandemia o ante los efectos de la guerra en Ucrania. Consideran, no obstante, que las novedades acordadas, de las que por ahora no dan detalle, contribuirán a «avanzar en la progresividad, mejorar la distribución de las rentas, dar respuestas a desafíos y dotar de recursos a las instituciones para avanzar en el refuerzo y mejora de los servicios públicos».

Con las medidas pactadas, PNV y PSE-EE se proponen «impulsar la innovación y la competitividad del tejido económico y social» para afrontar retos como el demográficos, el de los cuidados, el empleo digno, la emancipación de los jóvenes y la protección de colectivos desfavorecidos. Así, se vislumbran medidas que impulsen la transición verde, que favorezcan el incremento del parque de vivienda en régimen de alquiler y que favorezcan la igualdad real y efectiva, «con la vista puesta en la conciliación y el acceso al mercado laboral».

Los términos acordados para los tres territorios históricos, sin embargo, no están garantizados en todos ellos. Sí en Bizkaia, donde PNV y PSE-EE suman 31 de los 51 representantes de las Juntas Generales, pero no en Álava ni en Gipuzkoa; en ambos parlamentos tienen 24, a dos de la mayoría absoluta. En estos dos lugares, por tanto, necesitan al menos un tercer aliado y, dada la configuración aritmética, podrían ser EH Bildu, el PP o Elkarrekin Podemos.