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La política migratoria ha entrado de lleno en el debate político vasco. Qué mejor ejemplo que la reciente comparecencia del lehendakari, Imanol Pradales, en el Palacio de La Moncloa exigiendo, por un lado, una solución al fenómeno de los menores extranjeros no acompañados -también conocidos ... como menas- respecto al conjunto de las comunidades autónomas y, por el otro, cambiar la ley de extranjería para que el País Vasco tenga más competencias para controlar mejor la política migratoria.
Eso sí, las continuas y en ocasiones duras críticas de las instituciones vascas al Gobierno central, ya sea desde la Diputación de Bizkaia como desde el propio Ejecutivo autonómico, solo proceden del socio nacionalista. Los socialistas vascos, al ser parte protagonista en Madrid, mantienen una calculada equidistancia.
Pese a sus manifiestas discrepancias, la coalición obliga y ambos partidos, PNV y PSE-EE, han decidido cerrar filas en esta materia para no mostrar en público sus discrepancias y evitar así dar alas a la oposición. Lo ocurrido ayer en el Parlamento vasco fue el mejor ejemplo. El PP llevó una proposición no de ley para reclamar paralizar «inmediatamente» el proyecto de creación de un Centro de Acogida de Protección Internacional en el 'Edificio Arana' de Vitoria, con capacidad para 350 plazas y que estaría destinado a personas que han huido de su país perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social, u opiniones políticas. Es decir, que nada tiene que ver con los menas. Un complejo que hace un par de años impulsó el Ministerio de Migraciones que lideraba José Luis Escrivá (actual gobernador del Banco de España) y que ahora está bajo el mando de Elma Saiz.
Se trata de un proyecto que generó uno de los momentos más tensos que ha sufrido la coalición PNV-PSE en sus muchos años de andadura y que provocó un durísimo intercambio de acusaciones con términos gruesos como «xenofobia», «demagogia» y «electoralismo» a cuatro meses de los comicios municipales y forales del 28 de mayo de 2023. Finalmente, ambas partes y al máximo nivel, decidieron echar el freno de mano y orillar la polémica encuadrándola en el clásico casillero de las «discrepancias pactadas».
En el debate de ayer, el portavoz del PP, Javier de Andrés, denunció que la política del Gobierno central en materia migratoria «no puede ser peor» porque «no sabe o no quiere poner coto a una llegada masiva que es imposible de integrar adecuadamente». «El Gobierno va sin rumbo, pretende extender el caos que viven en Canarias al resto de España, sin garantizar la protección y la atención digna a los migrantes, mientras culpa a las comunidades autónomas que son las administraciones que les acogen y asumen el esfuerzo y los costes», apostilló.
Ante esta iniciativa, que solo apoyó Vox, PNV y PSE acordaron un texto en el que piden que el Parlamento se reafirme en «la definición e impulso de un modelo vasco de acogida, en colaboración con el Gobierno del Estado» y pida al Gobierno vasco que «persista en el objetivo de robustecer el modelo de integración de la población acogida a la protección internacional».
Sabedor de que la intencionalidad del PP era retratar las contradicciones del PNV, el parlamentario jeltzale Aitor Urrutia recordó que las instituciones vascas llevan 20 años «sin competencias, con buena voluntad, gestionando lo que otros hacen mal o no hacen». Tras criticar que «el Gobierno español unilateralmente» propuso este centro, rechazó apoyar al PP. «Es verdad que el PNV cree que sería mejor que este centro no se materializara, pero no pactaremos con aquellos que quieren estigmatizar personas», denunció.
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