PNV y PSE acentúan sus diferencias antes de la batalla electoral del 28-M

La ley de vivienda ha sido el último ejemplo. El PNV y el propio Iñigo Urkullu han denunciado que la normativa invade las competencias vascas. Lo hizo el lehendakari el viernes en el Parlamento, y ayer respondió con contundencia EnekoAndueza. «Les falta voluntad para hacer política de vivienda. ¿Qué no le gusta al PNV, que nuestros jóvenes puedan acceder a una vivienda a un precio asequible y desarrollar un proyecto de vida?».

Pero no ha sido el único ejemplo de fricción. Por mencionar sólo algunos casos recientes, jeltzales y socialistas han registrado enfrentamientos por la ley vasca de Educación, por Osakidetza, por los descuentos en el transporte público, por el proceso de transferencias, por las sentencias sobre el euskera, por la elección de una festividad feminista, por la semana laboral de cuatro días... El caso más llamativo fue sin duda el del centro de refugiados de Vitoria, que precipitó en enero un descarnado cruce de acusaciones tales como «xenofobia» y «demagogia».

Calculado al milímetro

Unos y otros han hecho un esfuerzo por tratar de que todos esos rifirrafes se limitaran al plano partidista y no se contagiaran a la acción diaria del Gobierno de coalición. Iñigo Urkullu e Idoia Mendia han cerrado filas en varias ocasiones. En el caso del centro de refugiados, por ejemplo, tras una semana de reproches a todos los niveles, el lehendakari y los consejeros de ambas formaciones –ocho del PNV y tres del PSE-EE– acordaron en una reunión «no suscitar ninguna polémica pública» al respecto. La cuestión había llegado ya demasiado lejos.

Esa controversia, originada por la iniciativa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el consiguiente rechazo jeltzale, también sirve de ejemplo para ver cómo unos y otros han tratado de mitigar las diferencias en el Parlamento vasco. Sendos grupos fueron capaces de acordar un texto de mínimos muy genérico, calculado al milímetro, para evitar la división del voto. Una operación de orfebrería política que ya se había dado en anteriores ocasiones a lo largo de la legislatura y que ha contribuido a reducir a sólo dos los casos sonados en los que PNV y PSE-EE han votado diferente en el Legislativo autonómico.

El primero se registró en noviembre, cuando Elkarrekin Podemos-IU llevó al pleno una proposición no de ley para «condenar la brutal actuación policial» y exigir la depuración de «responsabilidades políticas» por la tragedia de mayo en la valla de Melilla. Los nacionalistas la apoyaron, mientras que los socialistas la rechazaron para no poner en más aprietos al ministro Fernando Grande-Marlaska. Y la segunda llegó este pasado marzo, cuando el PNV se alió nuevamente con los morados y también con EH Bildu para reactivar la reivindicación del derecho a decidir y abogar por una reforma constitucional que contemple la vía republicana.

Ambos episodios han sucedido en los últimos meses, en los que también se han entrecruzado conflictos del PNV con Pedro Sánchez. El proceso de transferencias, los choques competenciales, los retrasos en la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y ahora las diferencias por la ley de vivienda han sido algunos de ellos. En este último caso, por si fuera poco, después de que el Gobierno concediera un claro protagonismo a EH Bildu.