PNV y Junts presionan al Gobierno para alcanzar acuerdos sobre inmigración

Los junteros exigen el máximo: una cesión «integral» de las competencias, aunque desvinculan esta negociación de la de los Presupuestos. El Gobierno y Junts llevan meses chocando sobre qué supone la delegación integral de las competencias a la Generalitat en materia de inmigración; si incluye, por ejemplo, el control de fronteras y la capacidad de expulsar migrantes. El ministro del Interior se ha negado varias veces a estas dos cesiones, con el argumento de que son competencia exclusiva del Estado.

En la ponencia sobre el modelo de país que el partido soberanista someterá a sus bases en el congreso que celebrará entre el 25 y el 27 de octubre en Calella (Barcelona), aboga por la creación de una agencia catalana de inmigración, que sería el ente, como la agencia tributaria autonómica, que gestionaría esta materia una vez se hayan traspasado las atribuciones. Según el documento, esta agencia se encargará de «gestionar de forma integral todos los aspectos relacionados con la fijación de cuotas, así como las condiciones de llegada, acogida e integración de los recién llegados».

Se trata de un modelo singular porque Junts cree que la «realidad catalana es diferente» a la del conjunto del Estado. Los posconvergentes consideran que el debate sobre la inmigración es el «más importante» en estos momentos. «La supervivencia de la catalanidad está en riesgo» por culpa de la llegada de personas extranjeras, según la ponencia del partido, que plantea también que los recién llegados «deberán aprender catalán y acreditarlo en un período de tiempo razonable».

La formación nacionalista endurece su mensaje ante la irrupción de la extrema derecha independentista, Aliança Catalana, y su posible crecimiento a costa de los de Puigdemont. «La inmigración, correctamente gestionada, es positiva y nos refuerza como país. Por el contrario, la falta de instrumentos políticos y recursos económicos para planificar y ordenar correctamente la llegada, la acogida y la integración de un elevado número de personas puede generar importantes conflictos de cohesión social», señala la hoja de ruta posconvergente.

Por su parte, el lehendakari, Imanol Pradales, volvió a criticar ayer los desequilibrios en el reparto de los inmigrantes menores de edad no acompañados entre las distintas comunidades autónomas. «Tenemos los centros desbordados. Hay más de 900 menores extranjeros no acompañados en los centros de acogida de Euskadi. En La Rioja sólo hay nueve», señaló, en una entrevista en 'La Vanguardia'.

Desde que tomó posesión, Pradales ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de repensar el sistema de reparto de estos menores. Desde esta perspectiva, el lehendakari lamentó ayer que «no hay una estrategia» en materia migratoria y mostró su «preocupación» por que «no exista una política migratoria común en Europa ni en el Estado español».

En todo caso, las demandas del Gobierno vasco y del PNV en materia migratoria no tienen nada que ver con las de Junts. Euskadi recibió en febrero de este año el traspaso de la competencia de acogida de inmigrantes, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025. La transferencia faculta al Ejecutivo autonómico a asumir «las funciones y servicios de acogida de protección internacional».

Euskadi no podrá decidir qué inmigrantes se quedan o a quiénes expulsa. Tampoco tendrá margen para determinar a qué personas se les puede reconocer como refugiadas. Básicamente, dará apoyo legal y asistencial a quienes ya tienen otorgado el asilo en España y que residen en Euskadi, y facilitará su integración laboral. Es lo que se conoce como «modelo vasco de acogida».

La carpeta migratoria se ha revelado en el arranque de curso político como un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno central y le ha valido duros choques con la oposición. Las negociaciones con el PP, de hecho, entraron este fin de semana en vía muerta, al acusar los populares a Moncloa de «rechazar» ayuda de Bruselas al mismo tiempo que plantea distribuir los inmigrantes entre las comunidades autónomas siguiendo un criterio de población. Este miércoles, Sánchez comparecerá en el Congreso para dar cuenta de la crisis migratoria y de la situación en Canarias.