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La Asamblea General del PNV ha aprobado hoy «casi por unanimidad» la enmienda transaccional sobre la conexión del TAV con Navarra pactada el pasado martes ... por la tarde por las cinco ejecutivas territoriales del partido, tal como adelantó EL CORREO. Una solución de compromiso para evitar un incendio político tras la aprobación hace un mes en el cónclave territorial guipuzcoano de una alegación en la que la dirección encabezada por María Eugenia Arrizabalaga pretendía que el PNV asumiera como propia en sus documentos doctrinales la opción de Ezkio-Itsaso en detrimento de la de Vitoria. Finalmente los territorios llegaron a un consenso que completa la redacción inicial del documento 'Construir una nación próspera para ser más libres', más aséptica, y cita expresamente la necesidad de adoptar «cuanto antes» una «solución definitiva» sobre el trazado pero evita decantarse expresamente por una de las dos vías posibles.
La disyuntiva entre Ezkio y Vitoria ha desatado tensiones territoriales en prácticamente todos los partidos vascos, pero en el PNV han salido a la luz en toda su crudeza, sobre todo a raíz de la entrada en escena, hace unos días, del alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, que llamó «egoísta» al diputado general de Álava, Ramiro González, por priorizar, en su opinión, sus propios intereses a la «visión de país». La enmienda aprobada esta mañana en el debate, más bién exprés, que han mantenido los 700 miembros de la Asamblea General congregados en el frontón Atano III de San Sebastián, pide «incluir en el análisis» no sólo las alternativas de Vitoria y Ezkio incluidas en el último estudio informativo del Gobierno central -que daba prioridad a la capital alavesa por el ahorro económico que supondría-, sino también «la alternativa de Ezkio presentada por los Gobiernos vasco y navarro en las alegaciones» enviadas a Madrid en 2018. Es decir, la posición inicial del PNV, que después ha modulado a la espera de los informes definitivos y de la decisión final que adopte el Gobierno central, en coordinación con Euskadi y Navarra, a lo largo de este 2025. Eso sí, al explicar la inclusión de esta enmienda, el coordinador de la ponencia, Unai Rementeria, sí ha hecho especial hincapié en que «particularmente» se incluye la alternativa presentada en 2018, que apostaba por una solución por Ezkio de menor impacto ambiental.
«Se requiere que se atiendan los aspectos sobre funcionalidad estructural y capacidad de red, los tiempos de viaje, los aspectos medioambientales y de coste de construcción-operación-mantenimiento», detalla el texto aprobado, que incide además en que la alta velocidad se integre en las capitales vascas «en los términos acordados», es decir sin soluciones provisionales para el soterramiento del tren a su llegada a Bilbao y Vitoria, y se apuesta por un «modelo de gestión, frecuencias y tarificación que incremente el uso del transporte público y priorice los sistemas de movilidad colectivos».
La ponencia socioeconómica, coordinada por el exdiputado general de Bizkaia Unai Rementeria, tiene como objetivo central fijar «principios y acciones estratégicas en el ámbito de los servicios públicos y de la acción socioeconómica» para «garantizar una sociedad del bienestar» a corto y medio plazo. El texto sostiene que «defender los máximos estándares de cohesión social» es también «defender la democracia» y que, al mismo tiempo, se necesita «una economía fuerte y sostenida» para garantizar esa calidad de vida. En ese sentido, el documento enfatiza apuestas ya conocidas del PNV, como el fortalecimiento de la industria vasca y del sector agroalimentario, la necesidad de dar pasos hacia la autonomía energética y la transición digital o el «compromiso con la excelencia en salud y educación», y aboga por incentivar la inclusión de las personas migrantes. Curiosamente, el documento socioeconómico apuntala también el papel del euskera como lengua propia y de la cultura como factor de desarrollo.
Con todo, lo más novedoso es la atención que el documento presta a la necesidad de mejorar la «eficiencia» de la Administración pública y hacerla mas «cercana» al ciudadano, para lo que se fija el objetivo de limitar los trámites burocráticos pero también de «reducir el absentismo» de los funcionarios en las instituciones públicas. Pide además exprimir el Concierto y el Convenio navarro como herramientas de mejora de los servicios públicos y de «incentivación de la actividad económica» que deben «gestionarse con responsabilidad».
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