El 'plan B' a la alarma que negocia el PP con socios de Sánchez entraría en vigor en junio

La fórmula que está sobre la mesa es la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Promulgada en 1986, permite a las autoridades sanitarias tomar las medidas que consideren «necesarias en caso de riesgo transmisible». Un precepto demasiado «genérico», en opinión de los juristas, que ahora el PP propone concretar. Su proposición de reforma incluye textualmente limitaciones que «podrán afectar al derecho a la libre circulación y deambulación por vías públicas, así como al derecho de reunión».

En otras palabras, lo que se busca es introducir la posibilidad de aplicar restricciones a la movilidad, toques de queda y topes máximos a los grupos de personas sin tener que recurrir al estado de alarma. Una opción de la que algunos constitucionalistas recelan porque implica la introducción de medidas «excepcionales» en una legislación que no es tal. Sea como fuere, es el clavo ardiendo al que se aferran representantes de prácticamente todo el arco parlamentario, conscientes de que ésta es una cuestión que trasciende de ideologías.

El PP ha establecido contactos con, entre otros, Esquerra, PNV y PDeCAT. Fuentes consultadas por este periódico confirman la existencia de esas conversaciones, aunque avisan de que están abiertas todas las posibilidades. Los jeltzales, por ejemplo, están por la labor, pero consideran que la reforma de la ley del 86 no es suficiente por sí sola. Para que la percha fuera efectiva, avisan, habría que retocar también la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Esta norma es la que, entre otros aspectos, regula la potestad de salas como la del Superior vasco que echó para atrás en febrero el cierre de la hostelería en municipios con alta incidencia.

Más allá del debate jurídico, también entra en juego la aritmética parlamentaria. Para reformar una ley orgánica como la del 86 hace falta el 'sí' de la mayoría absoluta del Congreso, fijada en 176 escaños. Los dos partidos del Gobierno suman un total de 155 mientras que Vox, que aboga por levantar todas las restricciones, tiene otros 52 que se opondrán. En consecuencia, por amplio que sea, cualquier intento será en balde si no logra atraer al menos a uno de los dos grupos que sustentan al Ejecutivo central: PSOE (120) o Unidas Podemos (35). Ninguna vía queda descartada y, de hecho, la participación del Gobierno contribuiría a acelerar la tramitación en un momento de parón parlamentario por las elecciones en Madrid.

El debate se aviva mientras destacados actores apuran sus últimos cartuchos para abocar a Sánchez a mantener el estado de alarma. El último intento es el de Iñigo Urkullu, que envió el jueves una carta a Moncloa pidiéndole que extienda la aplicación del instrumento constitucional. «Sin prórroga (...) quedamos sin garantías jurídicas ni capacidad operativa para aprobar medidas necesarias», destaca el lehendakari en su misiva al presidente. La alternativa, lamenta, es la «inseguridad» y la «inquietud» en un momento clave en la lucha contra el coronavirus.