la piel del paquidermo

Pese a que buena parte de las 26 personas que se sientan en el banquillo son exdirigentes, excargos y exfontaneros jeltzales, o familiares suyos. Pese a las elevadísimas penas de prisión que se piden para ellos por corrupción. Y a los casi ocho años transcurridos desde que el juez Roberto Ramos y el fiscal jefe de Álava, Iosu Izaguirre, destaparon el caso hasta que ha arrancado la vista oral, los jeltzales han sabido capear el temporal.

No sólo. Existe una coincidencia general en que el partido que preside Andoni Ortuzar vive su momento más dulce desde la escisión de 1986 de la que surgió Eusko Alkartasuna, la formación de Carlos Garaikoetxea, hoy totalmente desdibujada como socio menor de EH Bildu, la coalición que controla con mano de hierro la izquierda abertzale.

Los dos estudios sociológicos más prestigiosos que se realizan en el País Vasco, el Sociómetro del Gobierno autónomo y el Deustobarómetro de esta Universidad, confirman la limitada inquietud por la corrupción existente en Euskadi, pese a casos como el que se juzga. Para los vascos es apenas la novena preocupación. Una amplia mayoría cree que se trata de un problema que afecta gravemente a la política española, pero muchísimo menos o nada a la vasca.

En unos meses conoceremos el veredicto de los tres magistrados que enjuician el caso. Pero el PNV, que suele presumir de que sus tentáculos alcanzan hasta el último rincón del país, parece confiar en una sentencia benevolente para los encausados. Por cierto, como ha ocurrido en Álava en otros casos turbios que se han juzgado en los últimos años.

Sea por ello o no, el partido de Ortuzar ha ido cambiando su posición ante el escándalo a medida que pasaba el tiempo. De la ejemplaridad y la máxima exigencia de las primeras semanas, cuando la investigación trataba de comprobar si el dinero captado por la trama terminaba en alguna de las muchas arcas del PNV, a dejar de lado a los presuntos delincuentes para centrar la crítica en la Justicia, los demás partidos y los medios de comunicación. Como han hecho en tantos momentos el PP y el PSOE en la política española.

Los jeltzales se mostraron ciertamente ejemplares cuando estalló el escándalo. Sin negar a los dirigentes y militantes detenidos la presunción de inocencia, pero sin esperar siquiera a que se levantara el secreto de las actuaciones, el Euskadi buru batzar (EBB), entonces presidido por Urkullu, y el diputado general de Álava, el veterano Xabier Agirre, exigieron y lograron de inmediato que De Miguel dimitiera como diputado foral alavés y vicepresidente de la Caja Vital, que Aitor Tellería abandonara el ABB y que Alfonso Arriola renunciara al puesto de asesor del Tribunal Vasco de Cuentas en el que le había colocado el partido.

No tuvieron el mismo éxito en su exigencia a los principales investigados de que entregaran de inmediato el carné del partido. De Miguel tardó meses en renunciar a su militancia jeltzale. Y solo lo hizo tras reunirse en el Parlamento con Joseba Egibar, presidente de la regional guipuzcoana y líder del sector más soberanista del partido del que él mismo formaba parte, y exigir al partido que «cumpliera» con ellos.

Cualquier observador imparcial podría pensar aquello de dicho y hecho. De la contundencia dialéctica y la promesa de trabajar con «responsabilidad y transparencia» por «desgarradoras que a primera vista pudieran parecer determinadas decisiones» a oponerse -sin éxito- a la investigación parlamentaria del caso y acusar de «linchamiento» al resto de partidos y a los medios de comunicación.

Si un grupo de militantes del PNV pidió mordidas, cobró por trabajos que no aparecen, logró recalificaciones urbanísticas que rechazaban frontalmente los técnicos y un largo etcétera alguna responsabilidad tendrá el partido que les colocó en esos puestos. Y alguna explicación debiera haber dado a los ciudadanos vascos por no haberse enterado de nada.

En su lugar, acusaciones veladas de incapacidad contra la Justicia por el tiempo empleado en intentar ir hasta el fondo del caso, ocultando que no siempre se han puesto a su disposición los medios humanos necesarios. Contra la Prensa. Y ¿arriesgados? vaticinios como el que hace unos días hacía el diputado general de Álava, Ramiro González. «La petición de penas es una barbaridad», soltó. «La mayoría de los 26 imputados, ojalá que todos, terminará absuelto o con pequeñas penas», se atrevió a aventurar. Las presuntas tropelías causadas por sus excompañeros de militancia parecen, una vez más, lo menos importante.

Veremos si el PNV es, como se ha dicho tantas veces, más que un partido, entre otras cosas porque tiene una coraza, en su caso política, como la de los paquidermos, que les permite salir indemne prácticamente de todo. Veremos.