La AVT pide en una reunión con Casado no tratar a EH Bildu «como un interlocutor político más»

La intervención de EH Bildu en el debate de investidura del pasado fin de semana se convirtió en la más polémica de todas las que protagonizaron los grupos. Mientras su portavoz, Mertxe Aizpurua, estaba en el atril se escucharon gritos de «asesinos» y «terroristas» por parte de las bancadas de PP, Vox y Ciudadanos. Hubo diputados que se marcharon del hemiciclo. La abstención de la coalición abertzale fue decisiva en la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y eso motivó diferentes opiniones tanto dentro como fuera de la Cámara baja. También entre un colectivo tan plural como el de las víctimas del terrorismo.

La AVT ha hecho llegar hoy a Pablo Casado su «preocupación» ante un escenario político que consideran «desolador». En una reunión que se ha alargado durante dos horas, su presidenta, Maite Araluce; el consejero de la asociación, Miguel Folguera, y la abogada de la misma, Carmen Ladrón de Guevara, han propuesto «aislar políticamente a EH Bildu hasta que condenen la violencia de ETA y reconozcan que no tuvo lugar ninguna justificación», pero también han reclamado el apoyo del PP a las reivindicaciones del colectivo de víctimas. Así, han reconocido a su vez estar «muy alarmados» por el acuerdo que el PSOE cerró con el PNV y que llevó a los jeltzales a votar 'sí' en la investidura. El pacto recoge el compromiso de completar el Estatuto con la transferencia de todas las competencias pendientes. Temen en la AVT, así se lo han comunicado a Casado, que se materialice la transferencia de Prisiones al Gobierno vasco. También, han añadido, por «la posible derogación de la actual política penitenciaria, que implique el fin de la dispersión, acercamientos masivos, la liberación de presos en avanzada edad y enfermos y progresiones de grado sin control».

Desde la AVT han aprovechado, asimismo, la reunión con el presidente del PP para advertir sobre las «futuras políticas de memoria que puedan implantarse». Se han referido, por ejemplo, al hecho de que pueda reconocerse «a nivel nacional a las víctimas de 'motivación política' –en Euskadi se aprobó la ley de abusos policiales–, tal y como defiende Unidas Podemos». «Sería un grave paso atrás», consideran. Han planteado la posibilidad de explorar «diferentes vías al margen de la penal, que tan poco resultado ha dado», para frenar los 'ongi etorris' a ex presos de ETA, así como abordar la reforma de la Ley de Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo, y para buscar la manera de prevenir la «radicalización» yihadista en las prisiones.