Pesadilla antes de Navidad

El relato más extendido a esta hora es el de que la democracia española se va al garete tras la invasión de la soberanía parlamentaria por el Tribunal Constitucional al que acusan de actuar como un árbitro comprado (¡qué novedad!). Mientras otros celebran su intervención precisamente como un triunfo de la democracia frente a quienes se han extralimitado en sus atribuciones legislativas y propiciado la voladura de los puentes que tanto costó construir en la Transición y durante el proceso constituyente, viendo unos y otros la paja en el ojo ajeno a la hora de señalar a los culpables de este embrollo político, judicial y mediático.

Para la derecha, lo que estamos viviendo es una insurrección encabezada por «el sanchismo» y por las hordas declaradas en rebeldía que actualmente nos gobiernan y que se han propuesto «acabar con el Estado desde dentro» (Podemos, ERC y Bildu). Una versión moderna de 'Atila y los hunos' a cuyo paso no volverá a crecer la hierba, según advierten en tono apocalíptico. De ahí que el PP haya pedido amparo al primo de Zumosol, cuyos magistrados apenas tardaron 12 horas -sobremesa incluida- en pronunciarse sobre el asunto, a diferencia de los siete años que emplearon en deliberar sobre el matrimonio homosexual o lo que están tardando en decidir sobre el recurso de amparo del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, cuya inhabilitación sí que afecta al equilibrio de sistema democrático al alterar las mayorías parlamentarias, como recordaba con acierto el diputado Aitor Esteban.

Esta vez los jueces del Constitucional se han dado prisa para frenar en seco las pretensiones de Sánchez de tramitar la renovación del CGPJ por la vía rápida impidiendo la votación en el Senado. Lo que para la izquierda constituye una afrenta a la democracia, a la separación de poderes y a la voluntad popular «inédita» y «sin precedentes». Obviando las veces que dicho tribunal ha intervenido en política desconociendo la voluntad mayoritaria de los representantes de la soberanía popular en Euskadi y Catalunya, tanto a instancias del PP como del PSOE, al anular las decisiones que emanan de sus parlamentos, como la Ley de Consulta impulsada por el lehendakari Ibarretxe aprobada en el Parlamento vasco en 2008, o la reforma del Estatut aprobada en el Parlament de Catalunya y refrendada por los catalanes en 2006, por mencionar solo dos casos.

Así que no nos cuenten películas sobre la independencia y la supuesta 'auctoritas' del citado Tribunal Constitucional o sobre la agonía de una democracia que en realidad nunca ha gozado de buena salud. Vascos y catalanes la tenemos muy vista y estamos ya curados de espanto.