Todas las víctimas de todas las memorias

El tema de la memoria se inició con la Ley de Rodríguez Zapatero de 2007, que es la madre de todas las memorias. Y fueron socialistas quienes diseñaron, antes de que a finales de 2012 pasara a manos del PNV, el Instituto Gogora, que tiene la peculiaridad –caso único en España– de integrar la memoria histórica –ahora llamada democrática– con la memoria del terrorismo, de modo que, durante los gobiernos de Iñigo Urkullu, lo mismo se desenterraban restos de gudaris y milicianos caídos en Artxanda, que se le exigía al presidente del Gobierno de España que pidiera perdón por el bombardeo de Gernika o se convocaba a la vez a víctimas de ETA, del GAL y de abusos policiales.

La memoria da la iniciativa política a quien la gestiona. Por eso sorprende que en el nuevo Gobierno de Imanol Pradales el nacionalismo haya cedido al PSE-EE una materia que, además, al anterior lehendakari, Iñigo Urkullu, le daba tanto juego internacional (visitas a Auschwitz o Hiroshima) y que por ello controlaba muy directamente, a través de Jonan Fernández y con Aintzane Ezenarro en Gogora.

El PSE-EE incluyó las víctimas de abusos policiales en el Día de la Memoria convencido de que todas las víctimas merecen un recuerdo y una reparación y que eso reforzaba la superioridad moral de quienes se oponían a ETA, argumento que el PP no supo contrarrestar, recordando la persecución sufrida y el hecho de que fue ETA la causante de todos los males y de que todas las víctimas proceden, en última instancia, de esa responsabilidad inicial de la banda. La prueba está en que se acabó ETA el 20 de octubre de 2011 y se acabó todo. La postura del PP se quiso malinterpretar, además, como una discriminación entre víctimas de primera y de segunda.

Pero, así como la memoria del terrorismo defiende una lógica irrefutable de igualación de víctimas, en el caso de la memoria histórica o democrática, tan íntimamente ligada con la del terrorismo en Euskadi (ETA empieza a actuar en el final del franquismo), se considera impensable pedir lo mismo. Le ocurrió hace poco al concejal del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, Borja Corominas, con su propuesta de que la escultura que homenajea a las víctimas del franquismo, colocada por el alcalde Juan Karlos Izagirre en 2014, incorpore a las más de 250 víctimas del terror republicano del verano de 1936. Todos los demás grupos se indignaron ante la petición, por considerarla una provocación en toda regla. ¿Pero no estamos hablando de víctimas? ¿Por qué las de abusos policiales pueden compartir memoria con las de ETA y en cambio las de los republicanos se tienen que dejar aparte de las del franquismo? Si todas las víctimas son iguales, las de todas las memorias también lo son.